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Lo ocurrido con el caso del legislador Afú entre el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia es tema que debe suscitar la preocupación de todos los ciudadanos. En el fondo, lo que está planteado es la posible injerencia de la Corte en las decisiones que adopte el Tribunal Electoral sobre materias que son de su privativa competencia. En el mejor de los casos se trata de una táctica dilatoria en un asunto que tiene obvias consecuencias en la estructura de los poderes del Estado, más precisamente en la designación de la junta directiva de la Asamblea Nacional el 1 de septiembre próximo. En el peor, anticipa la pérdida de la independencia de las instituciones electorales de las cuales depende la credibilidad democrática. No consuela saber que el magistrado sustanciador, Dennis Allen, quien accedió a enviar el expediente a la Corte, fue miembro del partido gobernante ni que el magistrado Winston Spadafora, ponente en la Corte, haya obtenido su cargo dentro de un ambiente permeado por la sospecha de corrupción y manejos indebidos por parte del Organo Ejecutivo. Mucho costó la lucha contra la dictadura, para que ahora perdamos los valores democráticos ante el silencio cómplice de los ciudadanos y de las instituciones que los representan.

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Panamá, 13 de agosto de 2002