Justicia y paz para un nuevo modelo de Estado
Es nuestro derecho ciudadano que el Estado busque soluciones que permitan ir superando la injusticia y la inequidad social
Marisa Montesano de Talavera
“He mirado hacia delante, he mirado hacia atrás, y nunca había visto de una sola mirada tantas y tan buenas cosas. No en vano acabo de enterrar el año 44 de mi vida; tenía derecho a sepultarlo; lo que en él había de vida ha quedado a salvo, es inmortal”. Friedrich Nietzche.
Yo también, en una sola mirada he visto tantas cosas buenas en mi vida. Esa misma vida me ha estado preparando desde hace mucho tiempo para defender el derecho que todos los panameños y panameñas merecemos. Es justo que se nos trate como a seres inteligentes, que se valore nuestra opinión y que se escuche nuestra voz cuando nos quedamos sin agua, cuando suben las tarifas de lo que sea, cuando nos quejamos del servicio del teléfono o cuando juegan con la educación y la salud; derechos fundamentales de todo ser humano, tanto como el derecho a una vida digna.
Todas esas cuestiones están reglamentadas por normas, pero ante cualquier norma, sea del tipo que sea, cabe preguntarse al menos tres cosas distintas: si es justa, si es legal y en qué medida se cumple.
Esas tres perspectivas de análisis de las normas (ética, derecho y sociología) son hasta cierto punto independientes en virtud de su enfoque y sus métodos propios, pero existen conexiones entre ellas. Por ejemplo, el derecho no puede prescindir de la ética, puesto que una de las funciones de las leyes jurídicas es la de servir de medio para conseguir y mantener una sociedad justa, y es a la ética a la que corresponde aclarar en qué consiste la justicia social.
Esa justicia ha sido definida en diferentes épocas como “armonía social”, según Platón; “como igualdad proporcional”, según Aristóteles; “como ley natural”, según Santo Tomás de Aquino; como “utilitarista”, según Bentham y Mill en el siglo XIX y las actuales teorías contemporáneas, liberales, que afirman que es preciso mantener un pluralismo filosófico y religioso, que respete la convivencia pacífica o que insiste en el principio ético del reconocimiento recíproco de todos como personas y, a partir de ahí establecer normas válidas en la moral y el derecho.
Esa justicia establece un sistema de reglas públicas que rigen las relaciones de unos con otros y cuenta con el respaldo del poder coactivo de las instituciones políticas. Instituciones que deben cumplir con la distinción que se hace del derecho natural y positivo para servir al pueblo que las creó para tutelar los bienes de la nación y de la sociedad civil.
Es nuestro derecho ciudadano que el Estado busque soluciones que permitan ir superando la injusticia y la inequidad social. Soluciones que pueden ser muy simples, pero que nadie quiere aplicar. Sin embargo, el debate está centrado en la construcción del control político y social de la economía por parte del Gobierno. ¿Y el Estado? Debe ser el garante de la política social y asegurarnos la igualdad de oportunidades.
Queremos tener un Gobierno activo, un Estado regulador, no protector; un mundo de derechos con responsabilidades obligatorias y una asociación entre empresarios y trabajadores en la que el salario mínimo esté asegurado. Esa propuesta es legítima y está planteada por los líderes de los países desarrollados, pero seguro que ellos mismos ignoran cómo se podría instrumentar.
Todo parece indicar que si se logra una combinación entre la liberalización de la economía y el intervencionismo social del Estado, ese modelo será una alternativa viable hacia la equidad social y hacia la superación de los grandes problemas que enfrenta la humanidad como consecuencia de una mala distribución de la riqueza. Eso queremos los panameños y panameñas: queremos justicia y paz.
La autora es educadora
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Marisa Montesano de Talavera
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