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La crisis en la que se encuentra inmerso el Organo Legislativo desde principio de este año presenta dos aspectos que lamentablemente suelen confundirse: el judicial y el estrictamente político. Resulta difícil distinguir una esfera de la otra, puesto que fueron los delitos penales, denunciados o reconocidos a medias por varios de los propios involucrados, los que terminaron de arrastrar al despeñadero a la institución. Para avanzar en el esclarecimiento de estas fundadas sospechas y recuperar además el prestigio político de la Asamblea, que inicia mañana un período de sesiones extraordinarias, es imprescindible encontrar los carriles correspondientes. En el primer caso, se viene tramitando de una forma interrumpida una acción lenta de la justicia en la búsqueda de elementos que prueben las graves denuncias que involucraron a varios legisladores en el cobro de sobornos. En lo que atañe a la recuperación del buen nombre del Legislativo, es más difícil predecir que el respeto público tan severamente mellado vuelva a estar a su favor cuando el primero de septiembre se nombre una nueva junta directiva para el próximo período. La Asamblea Legislativa, no obstante, tendrá una nueva oportunidad para reponerse de tan graves heridas y emprender el camino hacia la regeneración institucional. La ciudadanía espera que los 71 legisladores entiendan que al pueblo que los eligió se le debe un mínimo de consideración y respeto.

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Panamá, 11 de agosto de 2002