Todo bien; no hay prisa
Ojalá no tengamos que
pasar por otra convulsión política como cuando perdimos la democracia
en 1968
Carlos M . Arango Jr.
Ahora resulta que no hay prisa para combatir
la corrupción. La percepción que la ciudadanía tiene es exagerada
y las apreciaciones de la Comisión presidencial contra la Corrupción
no tienen el fundamento necesario como para preocuparse.
El número de actos de corrupción dejados
en el olvido o en procesos de investigación –que sabemos, no llegarán
a ninguna parte– fueron considerables en el gobierno del PRD, como
son impresionantes los del gobierno arnulfista, según lo indica
la publicación del corruptómetro en La Prensa de hace unos días.
Esta es una de las razones por las cuales
la ciudadanía se siente burlada y justificadamente airada. El cinismo
de los que están acomodados en sus respectivos refugios de poder
le añade sal a la herida, sin medir las consecuencias que la gente
sensata prevé que ocurrirán como resultado de la acumulación de
resentimientos y frustraciones de una población altamente desempleada
y marginada.
Pero todo esto no importa. Las cosas marchan
bien. No hay que hacer olas que perturben la paz del reinado y puedan
estropear la fiesta presidencial. Así las cosas, parece que el interés
del clan íntimo está en asegurarse que las modistas de palacio preparen
adecuadamente el vestuario para la próxima presentación internacional,
así como para la siguiente visita de las misses, quienes vendrán
para aliviar el terrible estrés oficial.
Detrás de este escenario desconectado de
una realidad nacional muy diferente, incluso a la que se ve en las
inauguraciones de obras menores los fines de semana, se puede estar
incubando un drama nacional, que líderes mediocres ocupados en el
inmediatismo personal no son capaces de ver.
Si combinamos el desempleo creciente; los
actos de corrupción sin sanciones ejemplares; los abusos del poder
público en función de intereses personales; una economía que no
logra repuntar vigorosamente; una criminalidad incontrolable en
las calles; un sistema judicial inoperante y en una mora deprimente;
el tráfico de estupefacientes en visible aumento; los exagerados
y abusivos salarios compartidos de familias próximas al gobierno;
un seguro social ineficiente, mal administrado y políticamente dirigido
y, finalmente, un cinismo descarado en funcionarios de alta jerarquía,
se puede estar acercando temerariamente la mecha encendida al barril
de pólvora.
La explosión podrá ocurrir cuando la reacción
popular prefiera sacrificar la institucionalidad democrática del
país por una cirugía radical en el sector público. Total, ante un
gobierno que no resuelve lo substancial para la clase más necesitada,
¿importa para ellos la preservación de la democracia? Muchas veces
estas situaciones comienzan sin una planificación anticipada, sucediendo
algunos hechos, a los que siguen otros, desembocando en la anarquía
donde ruedan cabezas y gobiernos. ¿Es eso lo que queremos? Evidentemente
no es lo que más le conviene al país, pero es lo que parece que
está provocando un liderazgo despreocupado de las consecuencias
de una corrupción que a estas alturas resulta muy difícil disimular.
Usualmente se juzgan estas opiniones como
exageradas, alarmistas o pesimistas, especialmente por aquellos
que están en la buena, gozando de los beneficios que le producen
los favores del gobierno.
Ojalá no tengamos que pasar por otra convulsión
política como cuando perdimos la democracia en 1968. Sin embargo,
algo me dice –y es una corazonada solamente– que vamos en la dirección
de encontrarnos con problemas muy serios, que la dirigencia de este
gobierno no tiene la menor idea de cómo superarlos efectivamente.
¿Habrá alguna esperanza de un cambio, antes
de que sea demasiado tarde? Como todo en la vida, es posible. Ciertamente
es lo que debiera ocurrir urgentemente, no obstante los hechos de
todos los días nos indican que no hay ningún interés en enderezar
el rumbo.
El autor es miembro del Consejo Editorial
de La Prensa y ejecutivo retirado
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