Panamá, 02 de agosto de 2002
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Tres Patines en puertos

Eliminar pagos seguros por un posible beneficio en el futuro es un gran desatino en estos tiempos

Rafael Spalding

He tratado de entender el asunto de la equiparación, solicitado por Panamá Ports Company (PPC) y aprobado por el Ejecutivo, con respecto al contrato de Colon Container Terminal (CCT). Leyendo los periódicos, escuchando las noticias y hablando con amigos, he llegado a la conclusión de que lo que se ha dado no es una equiparación, sino un episodio de Tres Patines en espera de un resumen y fallo del señor juez. Rechazo la susodicha equiparación porque viola las normas de oferta y demanda, los principios básicos de contratación y, además, constituye un regalo irracional de fondos del Estado.

Las administraciones del puerto de Coco Solo norte, y de los puertos de Balboa y Cristóbal fueron sometidas a licitación pública. La primera fue ganada por CCT, y la segunda por PPC. Las condiciones de estas dos licitaciones fueron distintas. Entre otras cosas, difieren en ubicación, acceso, extensión de área de operación, infraestructura útil y disponible, clientela captada. Es lógico pensar que los pagos por los bienes y derechos adquiridos serían distintos.

Equiparación de contratos en la actividad portuaria nacional implica, entre otras cosas, que las reglas del juego para la operación de los puertos sea igual para todos. Caemos en una trespatinada si aceptamos comparar los costos de adquisición de una compañía con los costos de operación de otra. La adquisición del derecho de administrar los puertos se logra a través de licitación pública. Los costos de operación dependen, en una gran medida, de la capacidad administrativa de cada empresa. Es correcto esperar que los puertos de Panamá operen bajo las mismas reglas. Pero es inaceptable que una vez adjudicado el contrato, basado en licitación pública, se pudiera reajustar el costo de la adquisición basándose en otro juego de reglas. Si esto último fuera el caso, entonces, ¿por qué hacer la licitación pública? Obviamente, el precio de adquisición y los costos de operación están relacionados, pero no son iguales. La razón y el interés que podría tener una compañía en adquirir cualquier proyecto varía con cada compañía. Estrategias corporativas pueden aceptar pérdidas en algunas de sus operaciones que, al final de cuenta, redundan en mayores ganancias y beneficios para la corporación.

Acceder a la petición de PPC de no pagar sus anualidades multimillonarias es caer en una trespatinada. Viola el concepto de oferta y demanda que se practicó a través de una licitación pública, y viola los conceptos elementales de contratación. Si PPC no hubiera incluido en su oferta los pagos multimillonarios anuales que ahora piden que se les elimine, es posible que otra compañía se hubiera ganado el contrato. La adjudicación de ese contrato a PPC es un compromiso pactado, el cual ambas partes están obligadas a cumplir. El contratista puede solicitar cambios al contrato. Pero, una reducción en los pagos de adquisición del contrato por cientos de millones de balboas, no es insignificante. De todas las acciones justas y transparentes que el Gobierno pudiera tomar respecto al cambio mencionado, no está la de aprobarlo unilateralmente. Si el Gobierno piensa que ese cambio es necesario para un buen desenvolvimiento del contrato, entonces, lo más transparente y más justo para la nación y todos los licitantes es que se vuelva a hacer una licitación pública. Una de las condiciones para lograr un contrato justo y competitivo es que todos los participantes en la licitación compitan en igualdad de condiciones: igual información a todos.

Aceptar el plan de inversión de PPC de 200 millones de dólares, más 9 dólares por movimiento de contenedor, –que supuestamente promete igual o más beneficios, en vez de los pagos multimillonarios pactados– es ser incauto, y se podría decir que es caer en otra trespatinada. Además, los números aquí indican un regalo innecesario de parte del Gobierno. Eliminar pagos seguros por un posible beneficio en el futuro es un gran desatino en estos tiempos. Además, 200 millones de dólares equivalen a nueve años de pago de la anualidad de 22.2 millones de dólares. ¿Por qué regalar 36 años de pagos de la anualidad, si la duración del contrato es de 45 años? Esto es sin mencionar el 10% de ingresos brutos que se debe pagar además de la anualidad fija. Si hay una inversión no contemplada en el contrato original que podría producir ganancias y beneficios, ésta se debería evaluar separadamente y no usarla como razón para cambiar acuerdos ya pactados. Presiento que la inversión de 200 millones de dólares es una que PPC haría independientemente de lo que le costó obtener el contrato. Debemos recordar que PPC es una de las compañías portuarias más grandes del mundo, y que su conocimiento en esa actividad es amplio y profundo. Esta inversión de 200 millones de dólares no es una improvisación de parte de ellos ni sólo para el bien de Panamá.

Les presento un análisis más sencillo. Asumamos que estoy vendiendo cinco carros finos, y que he vendido el primero por una cantidad muy por debajo de su valor, ya sea porque honestamente cometí un error o porque hubo alguna otra razón de peso en el momento de la venta. Yo caería en una trespatinada si, ya bajo condiciones distintas y en aras de una equiparación, me dejara convencer de vender los otros cuatro carros por la misma cantidad que el primero.

Los del programa de Tres Patines son unos genios de la comedia que han hecho reír a la América por medio siglo. Pero lo que nuestro Gobierno ha hecho no da risa. La gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos de Panamá esperamos que las señoras o los señores jueces que tengan que ver este caso, pongan un fin justo a este episodio.

El autor es ingeniero mecánico


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