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Este diario manifestó su inconformidad con la designación de los magistrados Cigarruista y Spadafora, en distintas ocasiones a través de esta columna. Se advertían los vínculos políticos y personales de ambos con la presidenta de la República, que los descalificaban para ocupar esos cargos. Hoy vemos la secuela de esas designaciones equivocadas. En decisión que la deshonra, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia negó la suspensión de la resolución del ministro de Comercio e Industrias, de cuestionable constitucionalidad, por medio de la cual se aprobó la llamada "equiparación" en favor de Panama Ports Company, lo que significó la exoneración del pago al Estado por más de 30 millones de dólares anuales. El contexto de la negativa es peor aún: la ponencia es suscrita por el magistrado Spadafora, quien fue ministro de Gobierno de la administración Moscoso, y respaldada por el suplente del magistrado presidente, Adán Arnulfo Arjona, quien se encontraba de viaje. Actos como el que nos ocupa restan total credibilidad a las personas que integran nuestras instituciones públicas y causan el lamentable veredicto al que están siendo sometidas por la sociedad. Ojalá que la decisión final sobre la demanda contencioso-administrativa en cuestión se adopte con la participación de todos los miembros principales de la Sala Tercera. La importancia del caso así lo amerita y la salud fiscal e institucional del país lo demanda.

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Panamá, 02 de agosto de 2002