Inseguridad institucional
Asesinatos y amenazas se ciernen sobre funcionarios y no hay acuerdo sobre quién debe protegerlos
José Otero y Roberto López Dubois
planas@prensa.com
Ante la ola de amenazas de muerte contra funcionarios,
políticos y particulares que ha cobrado varias vidas en los últimos
años, los jefes de los distintos estamentos de seguridad nacional
no definen qué institución es la responsable de brindarles protección
a los afectados.
Las autoridades han reportado que al menos una decena de funcionarios ha recibido amenazas contra su vida este año. Las causas son diversas: decomisos de drogas, incautación de contrabando de Zona Libre de Colón, fallos de jueces y magistrados, investigaciones por delitos de corrupción y hasta por disputas personales.
Estas amenazas cobraron la vida el pasado 11 de junio del director del DEFA en Colón, Aquiles García.
En julio del año pasado, un sicario asesinó en un lugar público al abogado Roque Pérez. Se dijo que antes había recibido amenazas contra su vida.
Luego, en noviembre del 2001, desconocidos dispararon contra el auto del actual presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena.
En 1995 sujetos con sus rostros cubiertos con pasamontañas, asesinaron en el Parque Omar al empresario Diomedes Abrego, luego de que este había recibido varias amenazas de muerte.
El director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Rodolfo Aguilera, dijo que se han tomado algunas medidas de seguridad contra estas amenazas, pero recordó que el Reglamento Interno de esta institución no establece en ninguna de sus partes que la PTJ debe brindarle protección a funcionarios que han recibido amenazas contra su integridad.
El director del Servicio de Protección Institucional (SPI), Alejandro Garuz, dijo que la labor de esta entidad es cuidar el orden constitucional y a la presidenta de la República, los vicepresidentes y sus familiares más cercanos; a los ministros de Estado, a los expresidentes y a todos los otros funcionarios que la presidenta considere pertinente.
Además, están encargados de proporcionan seguridad a los visitantes "con rango de presidentes", que llegan al país.
Otra de sus funciones es custodiar los bienes y edificaciones de la Presidencia, el Canal del Panamá y, cuando ha sido necesario, se han trasladado a Darién para apoyar a los otros estamentos de seguridad en la protección del territorio.
Agregó que las amenazas contra funcionarios y particulares son comunes, aunque en su mayoría solo se hacen como broma, sin embargo todas las denuncias se investigan para determinar a sus responsables y evitar mayores problemas.
Explicó que sería imposible para el SPI dar seguridad a cada funcionario que esté en esta situación, pues este organismo no cuenta con el personal para ello ni la infraestructura, ya que el SPI no tiene cuarteles en el interior.
Garuz dijo que esta entidad nunca fue notificada de las amenazas contra la vida de Aquiles García, director de aduanas en Colón, asesinado recientemente. Cuando se conoce de una amenaza los organismos de seguridad actúan mancomunadamente para proteger a los funcionarios.
Por su parte, Carlos Barés, director de la Policía Nacional dijo hace unos días a La Prensa que la custodia de funcionarios le corresponde al Servicio de Protección Institucional, y aseguró que él se encargaba de esa labor cuando dirigió el SPI durante la administración del presidente Guillermo Endara.
En 1999, la PTJ y el Ministerio Público intentaron poner en ejecución un programa de protección a testigos vinculados a casos de la mafia o que recibieron amenazas para no atestiguar, sin embargo esto solo se ha quedado en ideas.
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