Panamá, 26 de julio de 2002
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¿Se necesita un cambio?

Actualmente vivimos en un país en el que todo el mundo hace lo que le da la gana, sin importar lo que dicten las normas legales vigentes

Abdiel Augusto Patiño
augusto2312@hotmail.com

Cada vez me convenzo más de que en este país se requiere de un verdadero e inaplazable cambio, una remodelación integral de la institucionalidad panameña, desde la más profunda de sus raíces; una reestructuración total que se convierta en la infalible base del desarrollo socioeconómico que esta Nación requiere, y al que aspira con gran ansiedad. La razón de esta posición es sencilla de explicar, y será fácil de comprender para aquellos que, al igual que yo, vean y reconozcan en nuestro actual modelo administrativo la evidente decadencia que nos impulsa al más nefasto de los infortunios sociales: la anarquía.

Actualmente vivimos en un país en el que todo el mundo hace lo que le da la gana, sin importar lo que dicten las normas legales vigentes, o lo que opinen o digan los ciudadanos decentes. En el presente tenemos ante nuestros ojos la realidad de una Nación en la cual aquellos que tienen la potestad de dirigirnos por las sendas del desarrollo humano –aspecto que está determinado, más que por lo económico, por una verdadera e imperiosa justicia social–, no tienen la voluntad y mucho menos la vergüenza de poder hacer cumplir la ley que dicen defender y honrar.

En el Panamá de hoy se vive una ignominiosa crisis de valores que amenaza nuestra integridad como pueblo soberano y dueño de nuestro futuro que somos; una desventurada situación que se ha apoderado de nuestros días, desencadenada en corrupción, violencia, inseguridad social y jurídica, inestabilidad y decepción política, entre otras tantas indignantes condiciones que son, sencillamente, insostenibles para nuestra sociedad. Todo esto ocurre ante la mirada airosa de aquellos que tienen el poder de impulsar el indiscutible cambio que se requiere, pero que no lo hacen por evidentes razones: carencia de un verdadero amor por la patria y vergüenza, pues se les presenta aquella sensación que ocasiona el no poder exigirle a un pueblo que cumpla con las leyes, si los que deben hacerlas valer son los primeros en violarlas o aprovecharse de ellas para cometer actos inverosímiles y deshonrosos.

Hay que estar claro en que esta realidad no cambiará, mientras que el ejemplo no se abra camino en medio de la misma. Es necesario que nuestras instituciones gubernamentales, aquellas que tienen la “sagrada misión” de regir la maquinaria estatal y de encaminar a sus ciudadanos por las sendas de la justicia social y de la ecuanimidad humana, tomen conciencia de la desesperante situación que atenta contra la Nación y formen parte de las soluciones, no a través de voces alentadoras o de invitaciones etéreas, sino mediante hechos y medidas que impulsen una reestructuración total de nuestra institucionalidad.

No podemos hablar de un verdadero desarrollo humano, mientras nuestros principales instrumentos jurídicos continúen dando pie a pautas contrarias a las necesidades de la Nación, que permiten la inequidad socioeconómica que colma a nuestra ciudadanía, los exabruptos jurídicos y políticos que avergüenzan nuestra dignidad, la corruptela administrativa que deteriora nuestra institucionalidad.

La esperanza de que las cosas cambien durante el actual período administrativo, es nula. En estos momentos nos encontramos ante un innegable escenario: aquellos que prometieron el cambio, que supuestamente se identificaban con las necesidades nacionales, encontraron en el actual modelo administrativo –herencia de la dictadura militar– la oportunidad de hacer y deshacer; encontraron la oportunidad de menoscabar los más recónditos sentimientos de la dignidad nacional.

A aquellos que prometieron el cambio, les gustó todo lo que antes criticaron y prefirieron dejarlo así, aprovecharse de ello y balbucear, de frontera a frontera, voces portadoras de cínicos mensajes de justicia social, desarrollo sostenible, progreso económico, modernización institucional y demás efímeras señales que jamás, en ningún momento, han contribuido a concretar, siquiera, las bases de la redefinición que este país precisa.

A los ciudadanos decentes nos queda solo una cosa: buscar la forma de hacer eco de que en este país se necesita un verdadero cambio, y que este no puede aplazarse más allá del 2004.

Debemos reconocer que la oportunidad electoral que se aproxima será la ocasión precisa para exigir compromisos en pos de esta ardua tarea, la cual debe tomar como base la realidad de que el país y sus habitantes no pueden soportar durante más tiempo el actual modelo administrativo, que ha dado claras e indiscutibles pruebas de su decadencia, su nefasta corrupción y su encauzamiento hacia el más terrible de los descalabros sociales.

El autor es técnico en programación


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