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Es inusual que un pleno legislativo le dé un puntapié a uno de sus miembros. Esa es una medida extrema sobre la que se coloca un velo de autoprotección, en el que termina imperando el corporativismo. La información de las últimas horas procedente de Washington nos indica que la fórmula puede aplicarse cuando se han reunido las pruebas y existe una clara voluntad política. Por 420 votos a 1, la Cámara de Representantes de EU expulsó al congresista James Traficant, un demócrata por Ohio que había cumplido 18 años de mandato y que habitualmente votaba con la bancada republicana. Los principales cargos contra el representante no son ajenos a las acusaciones que pesan sobre ciertos políticos locales: soborno y corrupción. Traficant fue condenado en un tribunal por haber cometido esos delitos, ante lo que la comisión de ética de la Cámara recomendó su expulsión. Aún está pendiente la sentencia, que puede ser de siete años de cárcel. Si realmente estuviesen interesados por el progreso económico, social y espiritual de nuestro pueblo, los legisladores de la Asamblea deberían derrumbar tabúes existentes y tomar nota, con letras mayúsculas y con afán ejemplificador, sobre el caso Traficant. La comunidad panameña está asqueada de tanta impunidad y de la omisión para erradicarla de quienes están al frente del Estado.

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Panamá, 26 de julio de 2002