La independencia judicial en entredicho
El sistema judicial panameño no cuenta con procesos de evaluación del resultado de la labor de jueces y fiscales
Lina Vega Abad
lvega@prensa.com
Desde la llegada de la democracia en 1990, el apoyo de Estados Unidos al sistema judicial panameño ha sido enorme y se ha materializado en equipo, capacitación y otros aportes entregados directamente al Organo Judicial y al Ministerio Público.
Sin embargo, la percepción ciudadana respecto a este servicio público, fundamental para la vigencia del estado de derecho, sigue siendo mala.
Por ello, hace ya unos años que la agencia de cooperación estadounidense –la USAID– decidió cambiar su estrategia de asistencia e involucrar a la sociedad civil. La idea, según los representantes de la USAID era clara: una justicia eficiente e independiente debe ser un reclamo ciudadano.
Así surge en julio del año 2000, la Alianza Ciudadana Pro Justicia (ACPJ), que agrupa a 11 organizaciones –entre ellas el Colegio de Abogados, la Comisión de Justicia y Paz, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Fundación Libertad Ciudadana– cuya meta es la transformación del sistema judicial panameño.
La última actividad de la Alianza se celebró el pasado jueves 18 de julio, teniendo como tema central de discusión la independencia judicial.
En el capítulo de los logros alcanzados, la ex magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz –hoy miembro de la Alianza– explicó que a pesar de los falencias del sistema de carrera judicial, su existencia era un importante logro para la independencia y que además la creación de la Escuela Judicial había propiciado la capacitación de los funcionarios del Organo Judicial.
Sin embargo, la también catedrática Guerra de Villalaz hizo un dramático mea culpa: “a pesar de que se trajo a Panamá las más reconocidas figuras internacionales en las diferentes ramas de Derecho, lo cierto es que todo ese esfuerzo no produjo un efecto positivo en los despachos judiciales, porque faltó establecer mecanismos de seguimiento”, afirmó.
Como consecuencia de la falta de procesos de evaluación de resultados, la carrera judicial ha servido para promover la inamovilidad.
Al respecto, el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, Luis Fernando Solano fue muy claro: “el sistema de carrera judicial debe garantizar la estabilidad para permitir la independencia. No se trata de que se convierta en una garantía de impunidad o permanencia en el sistema pase lo que pase”.
Desde la llegada de Adán Arnulfo Arjona a la presidencia de la Corte, se produce por primera vez en Panamá el fenómeno de un magistrado que habla de la necesidad de rendir cuentas y de que la administración de justicia pasa también por la participación ciudadana.
Sin embargo, no todo son rosas. Ya Arjona ha adoptado en su discurso alguno que otro comentario adverso sobre la labor periodística.
Esto, según Saúl Maloul de Transparencia Internacional, es típico de nuestros funcionarios públicos que “reaccionan a la defensiva ante cualquier crítica”.
Y justo sobre el tema de la labor periodística y la independencia judicial se pronunció categóricamente el magistrado costarricense Luis Fernando Solano.
“La presión de los gremios, de los grupos empresariales o la crítica periodística no atenta contra la independencia de la justicia o de los jueces, sino que es parte de la sociedad abierta y democrática o del sistema de opinión pública que cada vez exige más de los funcionarios.... los jueces deben tener el valor de someterse a ella”, afirmó Solano.
Mientras Solano hacía tan tajantes afirmaciones,
en primera fila se encontraba impávido el procurador general de
la Nación, José Antonio Sossa, quien ha presentado un importante
número de demandas por calumnia e injuria contra periodistas y medios
de comunicación, la última de las cuales fue interpuesta la semana
pasada contra La Prensa.
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