Panamá, 19 de julio de 2002
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Renuncia Stephen Jones

José Otero
jotero@prensa.com

Stephen Jones

El empresario Stephen Jones renunció a su cargo como representante legal del Consorcio San Lorenzo para dedicarse en pleno a su defensa de las acusaciones que lo vinculan a los supuestos sobornos dentro de la Asamblea Legislativa.

Jones informó que su renuncia se hizo efectiva a partir del pasado 15 de julio y que en su reemplazo se designó al abogado Gabriel Castro, ex contralor de la República y ex director de la Policía Técnica Judicial (PTJ).

En la actualidad, Jones tiene impedimento de salida del país, una orden de detención en su contra que está en suspenso por el pago de una fianza de excarcelación de un millón de dólares.

Explicó el empresario que también se ha separado del Consorcio San Lorenzo para evitar que la investigación a la que está sometido afecte el proyecto del Centro Multimodal y de Servicios (CEMIS) que impulsa este grupo de empresas.

Agregó que durante los seis meses que lleva esta investigación ha colaborado en todo lo que le ha solicitado el Ministerio Público.

Sin embargo, advierte que ha sentido que sus derechos y garantías constitucionales ha sido violados por parte de quienes están a cargo de estas sumarias.

El ex directivo del Consorcio San Lorenzo expresó que está dispuesto a ir hasta la Corte en este caso y que no permitirá que se continúe manchando su honorabilidad más aún cuando no se ha presentado ninguna prueba en su contra.

Denunció que esta semana funcionarios del Ministerio Público efectuaron un allanamiento en un hospital privado en el cual se realizó una operación quirúrgica y se llevaron los expedientes clínicos y las libretas de certificados de incapacidad de su médico solo para verificar los motivos que lo imposibilitaron a presentarse a una citación.

“Esta investigación se ha convertido en una persecución “ dijo Jones.

Por su parte, el abogado Gabriel Castro confirmó su nombramiento como representante legal del Consorcio San Lorenzo pero aclaró que no tendrá nada que ver en los procesos judiciales que enfrentan los directivos del grupo.


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