Panamá, 19 de julio de 2002
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Indice de impunidad

Los ciudadanos llevaremos la cuenta y no olvidaremos ni permitiremos que la opinión pública olvide

I. Roberto Eisenmann, Jr.

Más allá del gravísimo problema de la corrupción pública y privada, considero que la grosería e irrespeto mayor a la ciudadanía es lo que parece ser una impunidad absoluta. Incluso los que públicamente se han confesado culpables de graves actos de corrupción se pasean aparentemente tranquilos por nuestras calles y aún más, como para echar más sal sobre la herida, algunos manifiestan aspiraciones a puestos de mayor representatividad. Otros hacen alardes ostentosos de riquezas personales que el país entero sabe no tienen fuente legítima alguna.

Pero ¡ay de aquel ciudadano necesitado y desconocido que tome sin permiso una micha de pan! Ese sí, ¡a la reja!...sentenciado por una corregiduría y, como nadie lo conoce, puede quedar olvidado en Coiba por décadas. Estas son las injusticias crasas de la justicia.

Debido a todo lo descrito, los voluntarios del grupo anticorrupción de la Fundación Libertad Ciudadana han venido examinando, con uno de los directores de programas de la fundación –Rafael Pérez Jaramillo– la creación de un “Indice de impunidad”.

Entre las ideas que examinan está la de lograr informes de las fiscalías anticorrupción primera y segunda, así como de la Dirección Nacional contra la Corrupción del MEF, de la Dirección de investigaciones especiales de la Contraloría y de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), sobre el número de denuncias recibidas y denuncias procesadas, los resultados de estas y, en el caso de haber habido condena, si se está cumpliendo.

Adicional a esto se investigará y elaborará una lista de todas las denuncias de corrupción aparecidas en los medios de difusión escritos, y en qué han quedado.

Ya hay varias estadísticas que se van formando con las primeras solicitudes de información y con los primeros intentos de investigación.

Por ejemplo: en la Fiscalía Segunda Anticorrupción, en el año 1999 se manejaron 273 expedientes; hubo 32 resueltos (27 condenatorios y 5 absolutorios). En el año 2000, con 341 expedientes, hubo también 32 resueltos (27 condenas y 5 absueltos). En el año 2001 se manejaron 401 expedientes, de los cuales se resolvieron 32 (19 condenatorios y 13 absolutorios).

En el 2001, el contralor dijo que la Contraloría había efectuado 840 auditorías; varias de ellas se iniciaron o terminaron con denuncias de corrupción. Investiguemos qué ocurrió con ellas.

La investigación de denuncias en los medios desde 1997 muestra aproximadamente 70 casos: desde las denuncias sobre Banaico, pasando por la asignación de casas en las áreas revertidas, el desfalco Parvis, coimas en la CSS, COFINA, los casos de visas a chinos, los cobros en los consulados asiáticos, los corredores Sur y Norte, las plumas de oro, maletines y Cartier a los legisladores, las tiendas de Tocumen, los fideicomisos asignados de la Caja de Ahorros, hasta el CEMIS con todas sus aristas de corrupción en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de en los partidos de oposición y de Gobierno. Le siguen los escándalos de Panama Ports, la última licitación del IDAAN y otra que está por reventar con el segundo puente sobre el Canal.

Por supuesto que ahora hay que refinar la información bruta recibida, indicando cuantías, responsables con nombres propios y, en el caso de que haya habido condena, si ésta se cumple o si el condenado “se perdió”.

Lo importante es que el trabajo sobre el índice de impunidad ya se inició, y cualquier ciudadano que desee colaborar puede hacerlo llamando a la Fundación Libertad Ciudadana al teléfono 229-4207/13, correo electrónico: libertad@cableonda.net.

Los ciudadanos llevaremos la cuenta y no olvidaremos ni permitiremos que la opinión pública olvide. Así se hace ciudadanía activa y competente, en otro intento más por enderezar el camino.

El autor es presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana


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