Constitución está 'desfasada'
No podemos estar pensando
en cambios constitucionales, “porque se confirmaría la tesis de
la sastrería constitucional panameña”, destacó el abogado Silvio
Guerra
Nubia Aparicio S.
naparicio@prensa.com
La tendencia constitucional latinoamericana
se inclina a producir nuevos textos constitucionales que rijan los
destinos de los países y en Panamá “ya es hora de que se produzca
una nueva Constitución”.
Así lo afirmó el catedrático de derecho constitucional
Silvio Guerra Morales, quien indicó que no podemos estar pensando
en cambios constitucionales, “porque se confirmaría la tesis de
la sastrería constitucional panameña”.
“Ya basta de estar poniéndole remiendos y
parches a la Constitución”, indicó el abogado.
A juicio de Guerra, la principal razón para
sostener que es menester un nuevo texto constitucional para la República
de Panamá, es que la Constitución de 1972 “se quedó totalmente desfasada,
anquilosada” frente a los acentuados cambios que se han dado a nivel
de la economía, en la evolución de las garantías o derechos fundamentales,
pero también frente a la necesidad urgente de reformar todo cuanto
atañe a los poderes del Estado panameño.
Guerra explicó que para hacer una nueva Constitución
hay que pensar en dos vías: la primera, es la de la Constituyente
con poderes originarios y, la otra, es la que se ha denominado la
Constituyente paralela.
Sin embargo, destacó el abogado, ninguna
de las dos vías funcionaría si no existe previamente un consenso,
una concurrencia de voluntades que debe emanar de los llamados factores
reales del poder político.
De acuerdo con el abogado, el estado de cosas
actual indica que el tema de una nueva Constitución no forma parte
de la agenda política, mucho menos de la agenda jurídica del partido
que ejerce el poder político actual.
Una 'dictadura de partidos'
Según dijo, la actual Constitución, en lo
que atañe a los partidos políticos, tutela y patrocina una “dictadura
de partidos”, porque conforme al texto constitucional, estos son
los únicos mecanismos de expresión de la voluntad política del pueblo
panameño.
Guerra puso como ejemplo el hecho de que
muchos estudiosos, politólogos y sociólogos panameños han hablado
de la tercera fuerza, la cual constituye la mayor cantidad de la
población.
Esa tercera fuerza, dijo, al no tener desde
la perspectiva constitucional la posibilidad efectiva y concreta
de fijar, establecer o participar con candidato propio, por no tener
organización política o partido político, entonces queda a merced
de las decisiones caudillistas de quienes regentan los partidos
políticos en nuestro país.
En Panamá, históricamente, han sido los partidos
quienes dirigen y encauzan los intereses del pueblo panameño, recordó.
De acuerdo con el jurista, los gobernantes,
a sabiendas de que la Constitución patrocina las formas irregulares
del ejercicio del poder político, lo que menos quieren es reformar
la Constitución, porque olvidan que la del 72 fue hecha para justificar
el ejercicio de poderes políticos.
Al referirse al método para crear la nueva
Constitución, Guerra se mostró en desacuerdo con que una Constituyente
con poderes originarios pueda ser viabilizadora de la pretensión
para institucionalizar el estado de cosas en el país.
Por una Constituyente paralela
A su juicio, la experiencia colombiana sirve
como ejemplo para otros países, pues ese país siguió una Constituyente
paralela, lo que significa que el Estado sigue funcionando a través
del gobierno en el momento en que se decide hacer una nueva Constitución;
la Constituyente tendría la obligación de producir el nuevo texto
constitucional, pero se respeta el estado de cosas hasta tanto surja
la nueva Ley Fundamental.
“Es menester que en Panamá se respete la
institucionalidad existente conforme a la Constitución actual, pero
producida una nueva, es claro, entonces, que tiene que enrumbarse
la nación, tiene que encaminarse el Estado conforme a las nuevas
disposiciones”, apuntó el catedrático universitario.
Guerra destacó que Panamá, a través de un
nuevo texto constitucional, tiene que definir cuál es su filosofía
en materia de derechos y garantías individuales sociales.
En ese orden de ideas, el abogado indicó
que se hace imprescindible ampliar el número de las mencionadas
garantías.
A su juicio, las garantías judiciales tienen,
igualmente, que ser ampliadas. Recordó que la Constitución actual
en su artículo 32 se refiere al principio del debido proceso, sin
embargo, la experiencia de países como Chile, Colombia, Venezuela,
España e Italia, han expresado en sus nuevas constituciones garantías
judiciales que van desde la cláusula constitucional de la inviolabilidad
de la defensa en juicio, hasta el derecho al efectivo recurso en
cualquier tipo de juzgamiento.
El abogado es de la opinión de que Panamá
también tiene que definir su filosofía en materia educativa, hacia
dónde quiere el Estado orientar el sistema educativo nacional.
Agregó que también tenemos que definir las
nuevas cláusulas de reforma constitucional.
Guerra criticó la Carta Magna panameña al
señalar que “cuando uno la compara con otras de América, se da cuenta
de que se trata de una Constitución “deficiente, superficial”.
El abogado también se refirió a que la Corte
ya no sabe “hasta cuánto más estirar” para los efectos de interpretar
un determinado texto constitucional.
“Ya la Constitución panameña es un elástico
que no puede ser estirado un centímetro más, porque, de lo contrario,
se rompería y se quebraría la consistencia jurídico-constitucional
del Estado panameño”, puntualizó.
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