Crimen en Tolé

Los casos de droga son comunes en todas nuestras comunidades interioranas, que en otras épocas fueron lugares pacíficos de alta seguridad personal

El índice de criminalidad en nuestro país ha llegado a niveles alarmantes. No pasa un día sin que los medios registren noticias sobre nuevos actos de violencia, atracos y casos delictivos asociados con drogas. Es necesario resaltar que los medios solo reportan los casos más “espectaculares”. Es igualmente usual, con preocupante frecuencia, enterarnos de actos delictivos y de violencia cometidos contra conocidos o familiares; casos que no se reportan a las autoridades, pues se considera una pérdida de esfuerzo o no ameritan la atención de los medios de comunicación masiva. Esto último hace suponer que el problema es más grave de lo que el Gobierno y las autoridades quieren admitir.

Esta realidad se torna más crítica cuando los males sociales, antiguamente limitados al área metropolitana, ahora se extienden a través de todo el territorio nacional. Causa enorme consternación enterarse que comunidades como Tolé, en Chiriquí, se ven invadidas por los mismos males sociales que aquejan las áreas metropolitanas. No hace mucho tiempo la prensa nacional registró declaraciones del alcalde de dicha comunidad, en las que se quejaba de la ola de robos y asaltos callejeros nocturnos y el consiguiente clima de temor que sufría su pueblo. Lo triste del tema es que la situación antes mencionada no es exclusiva de Tolé. Situaciones similares, o peores, hay en toda nuestra campiña interiorana y el resto de Chiriquí. En lugares como Parita y La Arena, de acuerdo con los medios, en el pasado reciente la población ha sufrido y posiblemente continúa sufriendo de males sociales similares. En David están las pandillas juveniles y hay áreas de la ciudad donde ángeles y policías no se atreven a ir. Los casos de droga son comunes en todas nuestras comunidades interioranas, que en otras épocas fueron lugares pacíficos de alta seguridad personal y de ambiente bucólico. La cultura de la droga penetra todos los niveles de esa sociedad y está destruyendo nuestros valores y ambientes interioranos.

Nuestro punto de vista es que cuando una comunidad rural como Tolé, que no es un caso aislado, se ve afectada por una ola de crimen, probablemente relacionada con droga dada su cercanía a esteros y por ende con acceso al mar, los panameños tenemos un grave problema; particularmente por el simple hecho de que esta situación se da en comunidades pequeñas, en otros tiempos inmunes a estos males, sin que se produzca una reacción comunitaria adversa a esta nefasta tendencia de aumento de la criminalidad.

Preocupa hondamente lo que está pasando en comunidades cuyo tamaño y estilo de vida hace fácil identificar a los responsables, sitios y lugares donde se gestan estos actos delictivos. Nos resistimos a creer que en nuestros poblados y centros urbanos del interior de la República, incluyendo a Chiriquí, no sean del conocimiento público las identidades de quienes están relacionados con estas acciones ilícitas; y dónde y cuándo se gestan sus actos delictivos. Son comunidades tan pequeñas, que es poco probable que el comportamiento de individuos fuera de la ley y los lugares donde se tramitan sus actos, pasen desapercibidos. En estas comunidades todo el mundo se conoce; aun en centros urbanos del otro lado del puente. Es altamente preocupante ver que estas comunidades que demuestran grandes esfuerzos comunitarios en organizar actos religiosos, reinados y carnavales, no utilicen esa misma energía, ni su profeso orgullo del lugar, para combatir el crimen que perturba su antigua tranquilidad y estilo de vida. ¿Dónde quedó ese espíritu de ayuda comunitaria manifiesta en la tradición de la “junta de embarre”? ¿Dónde está el orgullo de ser del lugar?

Nos cuentan amigos del interior que gran parte del problema de falta de acción ciudadana se debe al temor a posibles represalias de las maleantes del pueblo o de las bandas criminales organizadas. Eso puede ser una explicación, pero surge la pregunta: ¿qué sucedió con el afamado valor personal del chiricano y del interiorano? Por otro lado, es muy improbable que los maleantes del pueblo puedan contra el valor colectivo de una comunidad interiorana unida y enfurecida. Como no pudieron los maleantes de ciertas áreas de Nueva York, cuando grupos organizados de madres, defendiendo la salud social de sus hijos, se enfrentaron con éxito a los vendedores de droga (pushers) y maleantes de barrio, a quienes expulsaron a base de “cacerolazos”. ¿Por qué no imitarlas? Y los clubes cívicos de nuestra área interiorana y Chiriquí, ¿qué hacen? Ante la evidente falta de acción policiva, le corresponde a la sociedad civil tomar acción. ¿Qué esperamos?

El caso Tolé ilustra un mal endémico de comportamiento de nuestra sociedad, de esperar que otros resuelvan nuestros problemas. He venido insistiendo en que la sociedad civil, y en particular los gremios profesionales, las asociaciones y clubes cívicos tienen la obligación de actuar. Hasta ahora siento que mis palabras caen en el vacío. Ruego a Dios que no reaccionemos cuando ya sea demasiado tarde. Después no nos lamentemos. Nuestro país merece más atención de su sociedad civil.

Hay otras consecuencias negativas no solo para las comunidades afectadas, sino también para el resto del país. La alta criminalidad que aqueja a nuestras comunidades rurales, además de ser un reflejo del nivel de degradación social e inercia comunitaria que confrontamos, es un atentado a la libertad individual y colectiva de sus habitantes. En estas comunidades no existe la libertad de acción y movimiento de antes. En algunos casos, como antes mencionamos, está vedado el libre acceso a áreas pobladas. Ya no es posible circular libremente en las noches. Sus habitantes viven un clima de temor y desasosiego y, lo que es peor, a medida que aumenta la frustración ante la ausencia de soluciones al problema, crecen las voces que abogan y exigen medidas de mayor fuerza para combatir el crimen, música para los oídos de quienes añoran los gobiernos de fuerza.

Otro efecto nefasto del aumento de la criminalidad, especialmente en ambientes conservadores como lo son nuestro mundo rural y urbano no-metropolitano, es la creación de condiciones propicias para el uso de medidas extremas de control del crimen que normalmente significan violencia y restricción de derechos individuales y retorno de “caudillos” y “gobiernos fuertes”. No es inusual escuchar añoranzas sobre los “buenos tiempos” de “orden y disciplina”, “Marcos Rifle” y los militares. Ahí está el verdadero peligro de atentado a las libertades como consecuencia de una ola de crimen sin contención ciudadana comunitaria.

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