CSS, solidaridad,morosos y otras cosas
Es ampliamente conocida la difícil situación por la que atraviesan algunos de los programas de la Caja, principalmente el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
Franklin Ledezma Candanedo
La Caja de Seguro Social es una institución que merece nuestro indeclinable respeto y permanente apoyo, en razón de sus elevadísimos principios de solidaridad, universalidad y equidad que la sustentan, impresos por sus fundadores, que se concretan en la prestación de servicios diversos a sus principales dueños, los asegurados, los pensionados y jubilados, entre otros.
En base a esos nobles principios y a través de sus diversas etapas históricas, la institución extendió las prestaciones a los hijos y otros familiares del asegurado principal, expresamente determinados por la ley, aunque muchas veces los que menos cotizan son los que incorporan más beneficiarios al sistema, drenando significativamente los recursos de los respectivos programas.
Tómese en cuenta, además, que el Estado, en ciertas áreas del país, no cumple satisfactoriamente su obligación constitucional de ofrecer salud a la población, papel que ejerce dicha entidad, lo que también merma sustantivamente sus ingresos durante lapsos considerables, aunque posteriormente les sean reintegrados parcial o totalmente por el Gobierno central.
Desde hace algún tiempo se viene dando, igualmente, una pésima práctica, que ya es del dominio público, consistente en que ciertos patronos les descuentan las cuotas a sus obreros, pero no las reportan a la institución, lo que, evidentemente, se configura como delito de apropiación indebida.
La comisión reiterada del ilícito obligó al director general de la entidad, en base a la Ley Orgánica de la Caja, a publicar, en diversos períodos, los nombres de las empresas y/o patronos morosos, quienes con sus prácticas dolosas no sólo violan nuestro ordenamiento jurídico, sino que atentan contra la salud y la vida de panameños de reducido nivel económico.
A la vez que felicitamos al regente máximo de la Caja, por esta gran labor de profilaxis que viene realizando en este campo, lo exhortamos a enviar los nombres de quienes no reportan las cuotas retenidas a los trabajadores, a la conocida empresa denominada Asociación Panameña de Crédito (APC), así como lo hacen poderosos acreedores (empresas y comercios) con panameños humildes. Por otra parte, le recomendamos que, a través de la oficina competente, inicie juicios ejecutivos por jurisdicción coactiva, conforme lo contemplan las leyes del país e interponga todos los recursos y medidas precautorias necesarias para garantizar su efectividad y el debido proceso.
En otro orden de ideas, es ampliamente conocida la difícil situación por la que atraviesan algunos de los programas de la Caja, principalmente el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que no es nueva ni reciente, sino que es la acumulación de situaciones no enfrentadas ni resueltas oportunamente, porque la aplicación de los correctivos que indica el recto juicio y la experiencia, no genera votos ni simpatías.
Esperamos que el director general, quien es, además de economista competente, un hombre de ideas progresistas, adopte las medidas del caso para evitar que, en un futuro no muy lejano, se le asignen culpas inmerecidas, porque no haya recursos para la cobertura de jubilación.
A propósito de este programa, estamos viviendo la experiencia real y tangible de la excesiva lentitud burocrática para tramitar un derecho adquirido. En nuestro caso, hace más de cuatro meses presentamos la respectiva solicitud, y aunque se nos indicó que llamáramos una vez transcurridos dos meses desde la entrega del respectivo documento, lo hicimos cuatro después, recibiendo la sorpresa que todavía sigue de oficina en oficina.
Además de la fatiga con la que se tramitan estas peticiones, que se traduce en un tiempo excesivamente largo para recibir un beneficio pagado con anticipación, muchas personas tenemos que cumplir una edad probadamente discriminatoria, en relación con otras que obtienen el beneficio a más temprana edad y con menos años de labores. Pero así es el sistema, hasta que se produzca el real cumplimiento de la disposición constitucional, que prohíbe fueros y privilegios.
En un medio como el nuestro, habituado a la utilización del padrino y de la influencia para que algo funcione o camine, quisimos sufrir en carne propia la experiencia de tramitar nuestra jubilación por los canales regulares. De haber sabido que era peor de lo que imaginábamos, otra sería la historia, porque muchas puertas habrían sido tocadas, como la de nuestra ex compañera de labores, hoy integrante de la junta directiva de la Caja de Seguro Social, doña Lastenia Canto, la de la jefa de la Defensoría del Asegurado, licenciada Udsleryd Candanedo de Luque, con quien me unen vínculos familiares, y la del propio director general, nuestro ex compañero de afanes políticos y estudiantiles, licenciado Juan Jované.
El autor es periodista
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