Cable & Wireless, bajo la lupa

Una auditoría realizada a Cable & Wireless pone al descubierto prácticas poco ortodoxas de administración que suelen terminar en 'errores costosos'

El Estado no es buen administrador. Con esta premisa, el Gobierno pasado hizo aliados para vender uno de sus mejores activos: el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL).

Aunque el Intel habría disminuido sus aportes al Estado en la víspera de su venta –debido a que el Gobierno decidió hacer cuantiosas inversiones a fin de aumentar su valor–, entre 1992 y 1995, su aporte fue de 524 millones de dólares, un promedio de 130 millones de dólares anuales. Eso, sin el beneficio de triplicar las tarifas, como se ha hecho hasta ahora.

Con todo, el Intel fue visto como una empresa ineficiente y encabezó los bienes estatales a ser vendidos. Así, Cable & Wireless pagó, en 1997, 652 millones de dólares por el 49% de las acciones del Intel.

¿Qué ha cambiado desde entonces? Las quejas, quizá. Los usuarios ahora protestan por el aumento de las tarifas y por el mal servicio. ¿Y qué hay de su eficiencia? Ese es un tema que preferiría ocultar. Un comunicado suyo del 14 de mayo pasado decía así: “Cable & Wireless Panama es una empresa privada que no ventila en los medios de comunicación su gestión administrativa”.

Los autores parecen olvidar que la empresa no es tan privada como aseguran, ya que el otro 49% de las acciones de la empresa pertenece a los panameños, sin olvidar el restante 2%, que también es de nacionales.

Pero, ¿qué es lo que preocupa tanto a Cable & Wireless Panama? El motivo es una auditoría administrativa interna realizada por el Grupo de Auditoría de Washington de Cable & Wireless, presentada a la Cable & Wireless Panama (CWP) en enero de 2001.

No era la primera auditoría de este tipo que se había hecho. El borrador del informe que preparó dicho grupo el año pasado alude a otra auditoría similar, de 1999, a la que al parecer se le prestó tanta atención como la que le dispensa un cirujano a un curandero, según se desprende de un memorándum, fechado el 20 de febrero de 2001, dirigido por Javier Licona, vice presidente de Investigaciones de CWP, a Rodolfo Moreno, vice presidente de Recursos Humanos.

Si resulta cierta la premisa que afirma que el Estado es mal administrador, entonces CWP vendría a ser su gemela. El memorándum en cuestión se refiere a un análisis de los procesos relacionados con la licitación E07-99, convocada por CWP en 1999: “...es notoria la carencia de supervisión efectiva... más aún existiendo informes de auditoría del año 1999 que señalan condiciones similares, en la cual se comprometieron a corregir”, dice el documento, refiriéndose a la gerencia de Contratos y Materiales, por entonces a cargo de Damaris Quintana, despedida semanas atrás.

A pesar de que La Prensa solo tuvo acceso al borrador de un informe de auditoría administrativa realizada a CWP en 2001, éste resulta suficientemente revelador. Las irregularidades encontradas –y descritas– no tienen nada que ver con la ficción.

El informe cita un ejemplo dramático: el diseño de un proyecto de 14 mil dólares, adjudicado a 3M –contratista de CWP– pero, el sorprendido auditor, Darren Makerem, descubrió que “ya ha sido construido”.

Otro proyecto, de más de 20 mil dólares, ubicado en Portobelo, fue “adjudicado por segunda vez”. Por suerte, el contratista comunicó a CWP que el diseño se había hecho el año anterior y, por cierto, “a un costo significativamente alto para CWP”.

El comentario –o excusa– que dio CWP para justificarse es que ambos ejemplos “formaron parte del período anterior y no fueron retirados del plan de este año”. No obstante, la empresa no ordenó su pago.

Y sobre el mismo tema, el informe señala otro hecho significativo: “Los diseños en la actualidad son creados por contratistas incompetentes o sin experiencia y también por el propio personal de la compañía”. Ello ha generado “errores costosos de diseño”.

“La competencia o integridad de los diseñadores de CWP –añade– debe ser cuestionada, ya que sus diseños en algunas ocasiones aparentan que únicamente tienen la intención de costarle dinero a CWP”.

Por ejemplo: “Dos diseños hechos dentro de CWP en septiembre [no indica el año] para Calzada Larga, a dos semanas uno del otro, colocaron cables de 900 pares a lo largo de una misma ruta en lugar de uno de 1800 pares. Indistintamente a que si se debió a algo intencional o a la incompetencia, este error le costará dinero a CWP”.

CWP comenta el caso en la misma auditoría de la siguiente forma: “La mayoría de los proyectos desarrollados por años se han [sic] basado en respuestas dirigidas a resolver una necesidad surgida de momento”. O, lo que es lo mismo, CWP improvisa.

Además, dice el informe, los contratistas de CWP “no tenían la experiencia necesaria para ejecutar trabajos cumpliendo con las normas requeridas”. De hecho, ese personal lo componen “ex-estudiantes” de CWP que “requieren de mayor capacitación”.

La filial panameña se excusa diciendo que desconocía la experiencia de los contratistas, pero ahora que ya sí, le está asignando otros proyectos.

La auditoría también revela que los diseñadores de CWP “por lo general no visitan los sitios al completar sus diseños”. La consecuencia es que los contratistas se encuentran con obstáculos inesperados.

Por ejemplo, cita el informe: “La 3M se ha excedido en un total de 35% en los costos para los proyectos que han construido, ya que se han visto obligados a lidiar con obstáculos (tales como árboles adicionales) que no estaban incluidos en los diseños”. CWP lo admite, pero ahora dice que sí se están haciendo inspecciones en el terreno.

Otro asunto escamoso parece ser el alambre de cobre destinado a sus proyectos. Las especificaciones de este producto –indica la auditoría– “no pueden encontrarse”. ¿Qué ocurrió? No se sabe. Lo que sí se sabe es que CWP empleó a un contratista “muy bien pagado” para que hiciera ese trabajo.

“La falta de especificaciones claramente definidas ha dado como resultado ejecuciones inconsistentes por parte de los inspectores de CWP, quienes han impuesto requisitos conflictivos a los contratistas”, revela el auditor. ¿Cuál es la razón de ello? La impericia. “La falta de experiencia de nuestros técnicos –admite CWP– ha incidido en que ocurran eventos como los enunciados aquí por el Sr. auditor”.

Los contratistas, revela el informe, se ven perjudicados por las irregularidades descubiertas. “Se ha observado –destaca el informe– largas demoras en la finalización de proyectos para frustración de CWP y a un elevado costo para los contratistas...”.

Más aún, “los contratistas –indica el informe– han solicitado préstamos para invertir en equipos, mano de obra y capacitación con el fin de satisfacer la demanda esperada de CWP, incurriendo en altos costos de intereses fijos y salarios”.

Pero mientras eso se hace, resulta que CWP “no está en capacidad de suministrar un flujo constante de trabajo, a pesar de haber firmado contratos prometiendo una cantidad significativa de trabajos”.

“Debido a lo inadecuado de la planificación, el flujo de trabajo prometido no se ha logrado, los proyectos han sido distribuidos lentamente y los materiales no están disponibles”, dice la auditoría.

Y a la hora de acomodarse, CWP no tiene reparos. La auditoría reconoce que la filial panameña pide a sus contratistas que “mantengan niveles de inventario suficientes hasta por 2 meses, aún así, CWP no garantiza que les comprará todo este inventario”.

Todo esto ha comenzado a tener consecuencias, ya que algunos contratistas ya han recurrido a los tribunales de justicia panameños para exigir el pago de daños y perjuicios atribuidos a la empresa.

De hecho, el auditor admite que “el trato de CWP hacia los contratistas ha sido éticamente inapropiado” y perjudicial para la propia empresa por la potencial quiebra de algunos de ellos, que además son clave para las operaciones de CWP.

La palabra planificación parece un concepto abstracto en CWP. Mientras que CWP ejecuta proyectos solo porque están listos –es decir, sin planificar– recalca el informe, por el otro, la empresa “descubre” otros que sí deben ser de alta prioridad, por la cantidad de clientes en espera. “CWP –afirma el informe– a veces pareciera estar construyendo sin poner la debida atención al orden de prioridad o de la utilidad del trabajo...”.

Más ejemplo: CWP colocó cables primarios para dar servicio a pueblos, como Cacique –no indica en qué provincia–, que están fuera de la ruta de la red principal. Lo curioso es que no había un cable secundario para conectarlos a la red. El mismo asunto se plantea al revés, es decir, había cables secundarios, pero no primarios a los que conectarse, “generando desperdicios de recursos”, recalca el estudio.

Y aún hay más. Los auditores descubrieron que “una costosa torre de microondas ha sido instalada en un remoto pueblo llamado Palenque [presumiblemente en Darién]. Sin embargo el pueblo carece de servicio ya que la torre no tiene línea visual con otras torres”. En adición, “equipo no identificado y potencialmente valioso yace en una caseta bajo llave” en ese pueblo.

La buena noticia, según el auditor, es que “el actual equipo administrativo ha acordado un plan de acción que, de ser implementado de una manera precisa y oportuna, reforzará el entorno del control de la planta externa”.

Jorge Nicolau, vicepresidente ejecutivo de Cable & Wireless Móvil, indicó a La Prensa que el asunto de la auditoría es “caso cerrado”. El contenido de dicho informe, dijo, “está solucionado”.

Prueba de ello es que de su contenido están al tanto los miembros de la junta directiva de CWP, entre ellos, los ministro de Economía y Finanzas y de la Presidencia, Norberto Delgado e Ivonne Young.

Nicolau insistió en que el informe de auditoría es viejo y que estas auditorías son prácticas “normales” que se realizan unas veinte veces al año en las distintas filiales de Cable & Wireless en el mundo.

A pesar de que el informe de 2001 insiste en que no se han solucionados las irregularidades, Nicolau lo niega: “todo esto ha sido corregido”; “hay procedimientos que han sido superados”, subrayó.

Para el ejecutivo, estas auditorías logran que la empresa mejore sus procesos. ¿Cuántas empresas panameñas conoce usted que hagan estas auditorías?, preguntó.

Para él, esto no es nada si se compara con los 800 millones de dólares que ha invertido la empresa en los cuatro años y pico que lleva operando en Panamá.

Nicolau dijo que si algunos contratistas se sienten perjudicados –en alusión al comportamiento ético de CWP que describe el informe– los tribunales determinarán si hubo daños en su contra. “Nuestra posición, muy tranquila, es que no hay daños”, recalcó, refiriéndose a las demandas que han interpuesto varios contratistas contra CWP.

La empresa indicó que cuando se entregó la auditoría se le dio seguimiento a cada observación y que “todos los responsables de las deficiencias encontradas establecieron oportunamente planes de acción y fechas de cumplimiento de los mismos para garantizar que estas fueran corregidas”.

Sin embargo, la cantidad de desatinos que describe la auditoría provocó que el comentarista de radio y televisión Carlos Zavala enviara cartas en febrero y marzo a la Contraloría y al Ministerio de Economía para que investigaran el caso.

La Prensa trató de obtener declaraciones de funcionarios del Ministerio de Economía, pero las gestiones fueron infructuosas