El peso de las leyes especiales
El aumento puede ser
desde cinco hasta más de 100 dólares mensuales, de acuerdo al cargo
Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
El peso que las leyes especiales tienen en
el Presupuesto General del Estado muy pronto hará crisis. A petición
del sector empresarial, el tema está en la mesa técnica del Diálogo
por la Reactivación Económica.
El viceministro de Economía, Domingo Latorraca,
informó que este problema está siendo considerado en la mesa del
Diálogo bajo el renglón del desempleo, que también contempla la
implementación de la carrera administrativa y de una ley general
de sueldos.“ Es en ese escenario que el tema se discutirá”, señaló
el funcionario.
Unos 38 gremios, en su mayoría del sector
agropecuario, salud, educación y seguridad pública son favorecidos
con las leyes especiales, que establecen aumentos de sueldo automáticos
sin una evaluación de productividad o eficiencia.
Con un raquítico crecimiento económico (0.8%
en el primer trimestre de 2002) que viene en picada desde 1997,
y unos escuálidos ingresos de las finanzas públicas (2.6% de déficit),
se hace necesario “un análisis profundo y serio” de la carga que
estas leyes representan, opinó el director general de Presupuesto,
Omar Castillo.
Los “privilegiados”
El origen de estas leyes se remonta a 1978
como producto de las “conquistas” logradas por los educadores en
la huelga por el rechazo a la reforma educativa. Luego otros gremios
también pelearon por este “derecho”, lo que ha elevado el número
a por lo menos 45 “leyes especiales” que otorgan aumentos escalonados
de sueldos.
En el Ministerio de Gobierno y Justicia el
76% de los cargos corresponde a posiciones que tienen leyes especiales;
en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 24%; en el Ministerio
de Educación, el 88%; en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA), el 61%, y en el Ministerio de la Presidencia el 2%, para
mencionar algunos.
El aumento va de acuerdo a la categoría del
funcionario. El mismo puede ser desde cinco hasta más de 100 dólares
mensuales, informó Castillo, quien advirtió de que son leyes “que
hay que cumplir”, pero que llegará el momento en que se convertirán
en “insostenibles”. “No es tanto aumentar cinco dólares, sino el
volumen de personas a quienes les corresponde este aumento y que
el ejercicio es cada año”.
Anualmente se agregan nuevos funcionarios,
quienes automáticamente tienen derecho al aumento salarial, que
va de acuerdo con la categoría en la que se inicia su labor en el
sector público.
Estas leyes se han convertido en una “camisa
de fuerza” para el Estado, dijo Castillo, porque “los recursos son
escasos” y entre el pago de la deuda pública, que es creciente,
y el pago de los servicios personales que incluye las leyes especiales,
queda muy poco para gastos de funcionamiento e inversión.
Durante el primer trimestre de este año,
el Gobierno Central registró un déficit fiscal de 2.6%, muy superior
al del primer trimestre de 2001 (1.3%), en tanto que la economía
en su conjunto solo creció un 0.8%. La situación, obviamente, no
está como para aumentos salariales de ningún tipo.
Actualmente, informó Castillo, el 60% de
la planilla estatal corresponde a aumentos acumulados por leyes
especiales.
Iniciativas inconclusas
En 1994, el entonces ministro de Planificación
y Política Económica, Guillermo Chapman, trató de hacer cambios
en las leyes especiales, pero esta iniciativa no prosperó, aunque
sí se logró elaborar un anteproyecto de ley general de sueldos del
sector público, con una escala salarial uniforme para todos los
funcionarios bajo normas de clasificación que crearía el ascenso
a una carrera administrativa.
El otro lado de la moneda
Pero aunque el Gobierno diga que es una situación
insostenible, los servidores beneficiados no piensan lo mismo. El
dirigente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP),
Leandro Avila, lamentó que “la soga siempre quiere reventar por
lo más delgado”, y exhortó al Gobierno a que empiece por “rebajarle
el sueldo a los funcionarios de jerarquía”.
Solo de esa manera, aseguró, “estamos dispuestos
a sentarnos a negociar una ley general de sueldos, pero que además
se reforme la Ley de Carrera Administrativa”.
El dirigente opina que el sector público
necesita de una ley de carrera administrativa que “le garantice
una verdadera estabilidad” a los funcionarios. “La ley de carrera
administrativa es la más violada porque cada ministro la interpreta
como le conviene”, indicó.
Aumento vs productividad
El excontralor de la República, Rubén Darío
Carles, dijo que con un panorama económico sombrío, lo más importante
que hay que determinar en el manejo de las finanzas públicas es
la forma como las leyes especiales inciden en el monto del presupuesto.
“Que el Gobierno reconozca que esto está
incidiendo en las finanzas públicas. El país va a tener que analizar
este problema que aumenta automáticamente todos los años la planilla
estatal”, señaló.
Carles, al igual que otras fuentes consultadas,
considera que los aumentos deben ser por eficiencia y rendimiento.
El presidente de la Asociación Panameña de
Ejecutivos de Empresas (APEDE), Carlos E. González Ramírez, considera
“absurdo” que en Panamá se otorguen aumentos salariales por el tiempo
de trabajo “ sea este bueno o malo” y además “divorciado de la capacidad
que tenga el Estado de pagar o no ese incremento”.
González Ramírez advirtió que se deben tomar
“fuertes medidas de austeridad” que incluyan un recorte en este
tipo de leyes de aumento automático, pero también “un recorte en
todos los subsidios y otros tipos de mecanismos que el Estado tiene
para beneficiar a los que no son pobres”.
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