Desalojos, otro problema de Colón
Diómedes Sánchez S.
Especial
para La Prensa
nacionales@prensa.com
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| Vista de la casa 1009 donde viven 18 familias. |
Los desalojos de familias pobres son frecuentes
en la ciudad de Colón y con ello se agudiza el problema de vivienda
en la provincia, señaló Pedro Maclao Pinzón, representante de la
Coordinadora de Derechos Humanos.
Maclao Pinzón manifestó que los desalojos,
que algunas veces no siguen los trámites respectivos, son frecuentes
y que, de continuar, se propiciará una “explosión social”.
Según él, para que se pueda dar un desalojo,
el propietario de la vivienda debe haber interpuesto una demanda
ante la Comisión de Vivienda, el Ministerio de Trabajo y la junta
comunal del corregimiento donde se da el lanzamiento.
La Ley 93 de Vivienda otorga al inquilino
afectado el derecho a apelar.
“En Colón no existen inmuebles donde reubicar
a las personas”, sostuvo Pinzón.
El representante de los derechos humanos
asegura que esta es la realidad de muchas familias colonenses que
viven en condiciones infrahumanas: no tienen servicio sanitario,
agua potable, los techos y balcones de sus viviendas presentan filtraciones
y se encuentran en mal estado.
Un típico problema de desalojo es el que
se produce en el edificio 1009 de la Calle 10, Avenida Domingo Díaz.
Dieciocho familias, que allí viven desde hace varias décadas, serán
lanzadas a la calle por el dueño del edificio.
El vocero de los inquilinos, Pedro Padilla
Ceballos, dijo que este caserón fue abandonado por el dueño, un
ciudadano español. Sin embargo, Adolfo Gary asegura que compró la
vivienda en 3 mil balboas.
Joane María Roberts, otra de las personas
afectadas, indicó que tiene 15 años de residir allí, por lo que
considera que es una injusticia lo que se quiere hacer con ella.
Roberts aseveró que Gary, con documentación
falsa, quiere sacarla de su vivienda , pero cuenta con el apoyo
de la Coordinadora de los Derechos Humanos para evitar este abuso.
Por su parte, Daniel Ortiz Angulo, también
residente del lugar, dijo que los más de doce años que tiene de
vivir en el cuarto le otorgan ciertos derechos.
Agregó que en un inicio -a mediados de la
década del 40- se pagaban nueve balboas mensuales por el alquiler.
“Después, los que administraban el inmueble no nos aceptaron los
depósitos, aduciendo que la vivienda está abandonada”, expresó.
El propietario de la casa 1009, asegura Angulo,
es un ciudadano español que se encuentra de viaje.
Ante estas denuncias Adolfo Gary, quien asegura
ser el actual propietario del inmueble 1009, respondió que lo que
ocurre con estas familias que habitan su edificio es que no quieren
respetar la propiedad privada.
La Coordinadora de los Derechos Humanos prometió
ayudar a estas familias.
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