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Es común observar que muchos funcionarios mejoran su patrimonio gracias al usufructo de su puesto en la actividad pública. Pero en los últimos años este fenómeno ha sobrepasado los límites de la tolerancia ciudadana. No sólo el número de los que medran a expensas del cargo ha aumentado, sino que lejos de ocultar su buen pasar, se esfuerzan por exhibirlo sin ninguna vergüenza, como parte de una cultura de la ostentación que riñe con el aumento del desempleo y con el empobrecimiento de la mayoría de los panameños. Es más, uno de los postulados de la campaña política de la actual mandataria fue la lucha contra la corrupción y la promesa de investigar el enriquecimiento ilícito. Pero, como dice el refrán, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Es por eso que para evaluar los ingresos de los funcionarios y desalentar conductas ilícitas, la Contraloría General de la República debe fortalecer su gestión fiscalizadora y destacar la obligatoriedad de las declaraciones patrimoniales, haciéndolas del conocimiento del público interesado. Esta práctica, aunada a la de investigar los actos de corrupción, contribuiría, por lo tanto, a la tarea de recomponer la imagen y la credibilidad de la actividad política, del Gobierno y de la Justicia, y a promover una administración más sana de los recursos públicos.

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Panamá, 7 de julio de 2002