Jácome y su actuar subrepticio
El silencio se ha apoderado del ministro y su actuar subrepticio empieza a levantar interpretaciones de toda naturaleza
Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
La actitud que asume el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, en torno a asuntos de interés público resulta, sospechosamente, recurrente. Una breve revisión de los temas manejados por el funcionario de marras durante el periodo en que ha ejercido el cargo ministerial, retrata su comportamiento diametralmente opuesto a la cultura de la transparencia y de explicaciones a la comunidad sobre el manejo de la institución bajo su cargo que debe privar en un servidor público.
Y es que Jácome medianamente ha salido a responder las inquietudes surgidas en torno a temas que le atañen, directa o tangencialmente, solo en momentos en que el control ha escapado del círculo cerrado en donde se manejan. Los ejemplos se multiplican como espejos encarados, aunque de manera aleatoria solo se escogerán, en esta oportunidad, tres de ellos.
La extracción de arena en las playas del interior del país. La presión pública de los medios masivos de información y la protesta de propietarios de un hotel en Farallón, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón en la provincia de Coclé, frenó las intenciones del ministro, quien previamente había otorgado el permiso respectivo. ¿Qué ocurrirá con aquellos casos que no levantan protestas? La mayoría de ellos se aprueban sin mayores escaramuzas.
Ni hablar de las negociaciones que mantuvo con representantes de Refinería Panamá, una empresa Chevron-Texaco, que culminó con la terminación anticipada de un contrato-ley suscrito con el Estado en 1992. Pese a que los resultados favorecen, según estudiosos de la materia, a Panamá, montó en cólera tras la aparición en este diario de los borradores de los contratos que suscribiría la empresa con el Ministerio de Economía y Finanzas; la Autoridad Marítima de Panamá y el propio Ministerio de Comercio e Industrias. ¿La razón? Solo él la sabe; pero estas situaciones ocurren con frecuencia cuando se actúa entre escondijos.
Para ponerle la cereza al helado, Jácome se encuentra en el centro de un escándalo, tras aprobar, a través de una resolución ministerial, la equiparación del contrato suscrito entre el Estado y la empresa Panama Ports Company (PPC), concesionaria de los puertos de Balboa y Cristóbal, con el de los demás operadores portuarios.
Con ello se eliminó dos cláusulas del contrato de PPC que le obligaban a pagar al Estado panameño 22.2 millones de dólares anuales durante 50 años, así como el 10% de sus ingresos brutos.
Lo sorprendente de esta decisión consiste en que el contenido de la resolución fue rechazado por el Gobierno a fines del 2001. PPC solicitó la equiparación el 17 de octubre de 2001 a la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, presidenta de la junta directiva de la Autoridad Marítima. Tras varias reuniones entre funcionarios del Gobierno y representantes de PPC, el Gobierno informó a la empresa que no tramitaría la petición.
Ante esta respuesta, PPC modificó su propuesta y cambió de destinatario. En enero del 2002 propuso en esta ocasión ante el ministro Jácome, la modificación del contrato suscrito en enero de 1997. ¿Por qué Jácome, en lugar de renegociar el contrato como pedía Panama Ports, resolvió “equipararlo”? Nuevamente el silencio se ha apoderado del ministro y su actuar subrepticio empieza a levantar interpretaciones de toda naturaleza.
El autor es periodista
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