Falta de seguridad jurídica en
perjuicio del abogado panameño
¿Qué ética puede tener
un profesional del derecho que no acepta las decisiones de nuestros
más altos tribunales de justicia?
Sheila Mae C. de Royo
Como esposa de abogado y amiga de otros muchos
abogados de todos los sectores, hemos estado siguiendo muy de cerca
el caso del pago de los honorarios del licenciado Candelario Santana,
al igual que otros similares.
Los abogados, en la mayoría de los casos
que representan, han pasado y pasan páramos para cobrar los honorarios
honradamente ganados y estipulados con anterioridad a cualquier
gestión profesional. Muchas veces, después de varios años bajando
y subiendo, entrando y saliendo de todos los despachos del Ministerio
Público y del Organo Judicial, después de haber hablado con todo
el que se debía y haber presentado todos los escritos pertinentes
en todas las instancias necesarias, se encuentran con que no pueden
cobrar el saldo de sus honorarios. Se encuentran con casos que resuelven
favorablemente para el cliente y a la hora de cobrar, o los clientes
lo resolvieron (diríamos que telepáticamente) o cambian de abogado
para que éstos se notifiquen de lo gestionado por el abogado anterior.
En el caso de Candelario Santana que ha recorrido
todas las instancias legales, civiles y penales, que ha llegado
a los tribunales superiores y a la Corte Suprema de Justicia –saliendo
favorecido en todas las instancias–, que ha contado con el apoyo
del Colegio Nacional de Abogados entre otros, nos preguntamos ¿qué
motivos hay para no pagarle, quiénes son los responsables y dónde
tiene que recurrir para hacer efectivo el cobro de sus honorarios?
Después de haber escuchado las declaraciones
del ministro de Economía y Finanzas, licenciado Norberto Delgado,
y las del defensor del Pueblo, licenciado Juan Antonio Tejada, abogados
que no dependen de honorarios, hemos quedado anonadadas y pensamos
que podemos dar nuestra sincera opinión y con toda propiedad. Ni
hablar del abogado que representa a los trabajadores del IRHE, que
a pesar de haber un fallo favorable a Candelario Santana en todas
las instancias legales, pareciera no tener conocimiento de que no
hay más tribunales a dónde recurrir. ¿Qué ética puede tener un profesional
del derecho que no acepta las decisiones de nuestros más altos tribunales
de justicia y no habla con la verdad a sus clientes, dilatando el
proceso reiteradamente con recursos improcedentes?
Lo más preocupante es ver cómo un ministro
y el defensor del Pueblo, quienes deben ser los llamados a dar el
ejemplo a los ciudadanos de este país cumpliendo con los fallos
judiciales, actúan en forma arbitraria insistiendo en el desacato.
El ministro, diciendo públicamente que no le va a pagar al licenciado
Santana (¿se gastó el Gobierno los honorarios de Santana o es porque
un familiar muy allegado trabaja en ETESA y tiene por compañeros
de trabajo a algunos ex trabajadores del IRHE?); y, el defensor
del Pueblo, actuando como si los honorarios de Santana fuesen a
salir de los bolsillos de los ex trabajadores del IRHE. No entendemos
esta actitud, ya que el licenciado Tejada, quien fue el fiscal en
esta causa (y ahora quiere ser parte), no parece haberse enterado
de que había un contrato firmado y un bono adicional emitido por
la empresa con el espíritu de que la mitad de este bono se usara
para pagarle los honorarios a Santana.
En otras privatizaciones que se han dado,
todas millonarias, los abogados han cobrado sus honorarios. Según
las tarifas de los abogados antes se cobraba el 10% y ahora se cobra
el 15%. Por ejemplo, en la privatización de los Casinos se cobró
del 6 al 10%, en la del Hipódromo el 10%, en la de ERSA el 10%,
en la de los Ferrocarriles el 20% y en la de la Autoridad Portuaria
el 20%.
Los ex trabajadores del IRHE acordaron con
el licenciado Candelario Santana, que los libró de estos elevados
porcentajes, sus honorarios en un 4%. Cobraron en prestaciones,
recargos, sobretiempo y todo lo adicional que genera este tipo de
gestiones la suma de 86 millones y posterior a la liquidación cobraron
una cantidad adicional, todo lo cual pasa de los 100 millones de
dólares. Ahora, quieren también lo que legalmente le corresponde
al abogado.
Por favor, señor ministro, señor defensor
del Pueblo, si ustedes no lo saben, los ex trabajadores del IRHE
cobraron el 100% de lo que les correspondía gracias al licenciado
Candelario Santana, quien no cobró según la tarifa y estipuló sus
honorarios sólo en el 4% como aparece en el contrato firmado entre
las partes. Total todos han cobrado y ahora estos señores pretenden
también adueñarse de la parte de un bono adicional que “la empresa”
emitió con el espíritu, repito, de pagarle los honorarios al abogado,
porque los trabajadores no han tenido ni tienen que sacar un centavo
de lo que recibieron para cancelarle a Candelario Santana.
No tenemos las respuestas, pero lo que sí
vemos es que esto demuestra que vivimos en una inseguridad jurídica
notable y que la decisión de los más altos tribunales de justicia
no es acatada ni respetada por nuestras autoridades ni por algunas
grandes empresas (como sabemos hay también algunos casos); y si
nuestras instituciones, que son las llamadas a dar el ejemplo, viven
en esta anarquía total, entonces es mejor borrar nuestros más grandes
principios de justicia, estudios de derecho, tribunales de justicia,
y todo lo que tenga que ver con la ley y el cumplimiento de la misma
de la faz nacional, simple y sencillamente, porque si no hay quien
la haga cumplir, todo lo relacionado con la justicia en este país
está de más y entonces, en este sentido, estamos prácticamente viviendo
en una jungla.
La autora es abogada
Además en opinión
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Sheila Mae C. de Royo
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