Un reto moral en el diálogo

¿Cómo podemos entonces pretender robustas tasas de crecimiento, si les robamos a los más necesitados y a los más jóvenes los recursos para ser ciudadanos educados, sanos y competentes?

El martes 18 de junio el poder ejecutivo hizo pública una propuesta para la reforma del programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) del Seguro Social. La esencia de la propuesta consiste en capitalizar el programa con las acciones de las empresas privatizadas y que hoy son parte del patrimonio del Estado. Si bien la propuesta está bien intencionada, la solución que ofrece es regresiva, ineficaz y, sobre todo, crea privilegios que afectan a los más pobres en beneficio del estrato de los menos ricos.

Hace ya varios meses que con el patrocinio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se viene realizando una mesa de diálogo, con el objeto de concertar una propuesta para la reforma del programa de jubilación de la Caja de Seguro Social. Como es bien conocido, el sistema actual de seguridad social en materia de jubilaciones sufre de un creciente déficit financiero que es producto de una combinación de factores que requieren ser reexaminados y reestructurados. Estos factores incluyen –pero no están limitados al monto de las cuotas–, número mínimo de cotizaciones, monto de jubilación y edad para jubilarse. Como puede verse, la variación de cualquiera de estos parámetros incide directamente en el status personal de los cotizantes, empleados y empleadores, y es comprensible que la perspectiva de reforma cause gran polémica. Esta polémica ha sido la regla de la mesa de diálogo, por lo que no se ha podido llegar a un acuerdo de reforma.

La propuesta del Ejecutivo llega a la mesa del diálogo como una alternativa a las posiciones encontradas, pero añade el componente de proponer recursos financieros: las acciones de las empresas privatizadas, como una forma de capitalizar parcialmente el déficit actuarial y quizás dar espacio a una mayor discusión de las opciones. Desafortunadamente, intentar recapitalizar el fondo de jubilación del Seguro transfiriéndole activos que pertenecen a todo los panameños, es simple y sencillamente crear un privilegio de beneficios para unos en detrimento de otros, y ello es violatorio de los artículos 19 y 46 de la Constitución Nacional. Más que inconstitucional, la propuesta carece de sustento moral; la transferencia de activos del Estado se realiza perjudicando a los más pobres, creándole beneficios al estrato de los menos ricos en la sociedad panameña.

Los bienes del Estado pertenecen a todos los panameños, ricos y pobres, blancos y negros, chicos y grandes. La utilización de esos bienes y el producto que ellos generan va invariablemente a apoyar la acción del Estado a toda la población. Esta acción del Estado se traduce en programas de salud, educación, calles, acueductos, seguridad pública etc., que benefician a toda la población, pero en especial a aquellos estratos que no tienen cómo sufragar estos servicios en forma individual ni privada. Transferir bienes que producen beneficios colectivos, para convertirlos en beneficios personales de un grupo particular es insostenible y sectario; los cotizantes y los jubilados del Seguro Social son una parte pequeña de la nación, los primeros, cerca de 625 mil, son una quinta parte de la población de los casi 3 millones de ciudadanos de este país y, los segundos, cerca de 120 mil, son apenas un 4%. Es cierto que los jubilados y la inmensa mayoría de los cotizantes no son ricos, pero tampoco son pobres y ciertamente son bastante más ricos que un niño de primaria en Limón, un anciano ngöbe en la comarca del Tabasará o una campesina del norte de Veraguas. Lo más grave es que los beneficios que crea la transferencia de bienes sirven solo para que los asegurados evadan su responsabilidad para con los cambios y los sacrificios que requiere su jubilación, y donde no hay otros beneficiarios que ellos mismos.

Otro aspecto interesante de la propuesta del Ejecutivo es que va a contrapelo con los elementos necesarios para darle solidez de largo plazo a un programa nacional de jubilaciones. Cualquiera sabe que la viabilidad a largo plazo de un sistema de pensiones depende de la tasa de crecimiento económico del país y ésta, a su vez, depende, entre otras cosas, de la existencia de una población sana, educada y capacitada para añadir valor en la economía. ¿Cómo podemos entonces pretender robustas tasas de crecimiento si le robamos a los más necesitados y a los más jóvenes los recursos para ser ciudadanos educados, sanos y competentes? ¿Qué tasas de crecimiento podemos esperar cuando las futuras generaciones, hoy en primaria y secundaria, tendrán que dedicar buena parte de sus ingresos a sostener a los más viejos que no hicieron –o no quisieron hacer– las reservas que les correspondía?

Sería interesante ver qué suerte corre la propuesta en la mesa de diálogo, donde por meses la discusión se ha caracterizado por discursos y diatribas por la Equidad y la Solidaridad. Vista así, la propuesta del Ejecutivo es un reto y una tentación a todos los grupos participantes para que demuestren o no su consistencia ética y moral frente a sus propuestas. Lo lógico y lo correcto es que todos aquellos que han abogado por un sistema solidario y equitativo, respetuosamente rechacen la propuesta del Ejecutivo precisamente por carecer del más mínimo elemento de solidaridad intra-sociedad.

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