Demandan a C&W por 126 millones
GERARDO BERROA LOO
gberroa@prensa.com
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La demanda contra C&W está radicada en el Juzgado Décimo Séptimo de Panamá.
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Una demanda por 126 millones 224 mil dólares interpusieron los apoderados judiciales de las empresas Inversiones Kamasu, S.A., y Cibertec Internacional, S.A, contra Cable & Wireless por supuestamente violar un contrato de confidencialidad suscrito entre ambas partes, sobre el uso de un sofware y equipos destinados a la detección de llamadas fraudulentas.
En la demanda se incluye a Cable & Wireless Panamá, S.A.; Cable & Wireless (Cala Management Services) Limited; Cable & Wireless (Panama Holding) Limited y otros, por las siguientes razones: En 1995, para el proceso de privatización del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, el Gobierno creó la empresa INTEL, S.A., que luego de celebrada la licitación internacional que ganó Cable & Wireless PLC cambió su nombre a Cable & Wireless Panamá, S.A. Cable & Wireless PLC, socio operador del antiguo INTEL, S.A. (posteriormente Cable & Wireless Panama, S.A.), cedió todas sus acciones a Cable & Wireless (Panama Holding) Limited, otra empresa creada también en 1995 con un capital de 500 dólares y con residencia en Argelia. En el mismo acto se contrató a Cable & Wireless (Cala Management Services) Limited, con sede en Argelia y con el compromiso de invertir en Panamá, para la administración de INTEL, S.A.
Según la demanda -interpuesta en octubre de 1999 y que se encuentra en el juzgado decimoséptimo de circuito, a cargo del juez Jorge Isaac Escobar-, el 26 de agosto de 1996, INTEL, S.A., e Inversiones Kamasu, S.A. y Cibertec Internacional, S.A. celebraron un "contrato de servicio para la eliminación de pérdidas de ingresos o retro llamadas (call back), el cual fue identificado como el contrato No. 153-96 de 26 de agosto de 1996".
En cumplimiento de ese contrato, Inversiones Kamasu y Cibertec instalaron equipos ACB e ITSS (para la detección de llamadas fraudulentas) en la central internacional en Calle 33, edificio C&W, frente a la piscina Adán Gordón, así como en la central Juan Franco, en la avenida Samuel Lewis, edificio C&W, frente al Santuario Nacional.
Posteriormente, C&W ejerció la opción de compra de los equipos, por lo que debía pagar un millón 224 mil dólares; no obstante, ese pago no fue honrado por C&W. Aparte de ello, sin autorización, C&W Panamá, S.A., a través de sus accionistas, directivos y empleados, y con el pleno conocimiento del contrato No. 153-96, permitió el acceso a representantes de la empresa NECSY, S.P.A., competidora de Inversiones Kamasu, S.A., y Cibertec Internacional, S.A., a los sitios donde están instalados los equipos ACB e ITSS.
Dado que C&W Panamá violó el contrato, fue demandada a pagar un millón 224 mil dólares por los equipos y 125 millones por daños y perjuicios contractuales y extracontractuales, causados a Kamasu y Cibertec.
C&W Panamá fue consultada sobre la demanda, pero la empresa no respondió.
En esta compañía de telecomunicaciones, el Estado tiene el 49% de las acciones y los trabajadores el 2%.
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