Disienten de opinión

El hecho de que un contrato se eleve, por la naturaleza de sus cláusulas, a la categoría de ley, no obliga a que todas las modificaciones que se hagan deban cumplir con un trámite legislativo

Enrique a. Jiménez

Puerto de Balboa

El viernes 7 de junio el señor I. Roberto Eisenmann, Jr. Publicó un artículo titulado “Chambonada… u otra cosa”, en el cual hace algunas aseveraciones e insinuaciones acerca de la resolución ministerial que equiparó los pagos de Panamá Ports con los de los otros puertos que operan en Panamá. Me permito hacer algunas aclaraciones.

Dice el señor Eisenmann: “pretender que un contrato-ley –producto de una ya de por sí controversial licitación internacional– puede ser variado a través de una resolución ministerial raya, aún más en lo absurdo”. Se equivoca el señor Eisenmann. El hecho de que un contrato se eleve, por la naturaleza de sus cláusulas, a la categoría de ley, no obliga a que todas las modificaciones que se hagan deban cumplir con un trámite legislativo. Sólo aquellas cláusulas que modifican, para una empresa, determinadas disposiciones legales deben modificarse por ley. Ello es así en derecho y esa ha sido la práctica en Panamá. Con anterioridad, mediante resoluciones ministeriales se han modificado cláusulas del contrato que con la Nación suscribió Manzanillo International Terminal precisamente porque esas cláusulas, igual que las que se modificaron mediante la última resolución ministerial, no alteran normas legales existentes. No se trata de una chambonada: es el método utilizado con anterioridad y que tiene una sólida sustentación en nuestro ordenamiento jurídico.

Sostiene el señor Eisenmann que “PPC vino a licitar a Panamá estando ya establecidos los otros dos puertos con contratos ya conocidos”. Por supuesto que PPC conocía los contratos, como conocía todas las leyes panameñas que rigen la materia, una de las cuales en su artículo 2 dice, precisamente que “a partir de la promulgación de la presente ley, todas aquellas empresas en condiciones similares a la presente contratación, que antes de la vigencia de la misma se hayan dedicado, o a las que se dediquen en el futuro a la construcción, al desarrollo, y a la administración de terminales de contenedores, tendrán derechos a acogerse a los mismos términos y condiciones no menos favorables, a los mismos beneficios, incentivos, derechos, exoneraciones, créditos fiscales, créditos por obras realizadas, tarifas impositivas especiales, privilegios, términos de duración de contratos, plazos, parámetros, condiciones de pago de arrendamiento de las áreas dadas en concesión y demás condiciones otorgadas por el contrato que se aprueba mediante la presente ley, a efectos de que tales empresas cuenten con un régimen legal de derechos, beneficios y exoneraciones igual al contrato antes mencionado, en aras de mantener la igualdad de condiciones en cuanto a la competitividad de todas esta empresas”. Esa norma existía al momento de firmarse el contrato entre la Nación y PPC, razón por la cual se estableció que durante los primeros tres años el contrato no podía modificarse, ni mediante resolución ministerial, ni mediante acuerdo entre las partes.

Dice el señor Eisenmann: “las demás empresas de puertos tuvieron que construir las instalaciones sujetas a contratación. Panamá Ports recibió puertos construidos y operando, produciendo ingresos desde el primer día que comenzaron a administrarlos”. Dicho así, parecería que, sin necesidad de inversión alguna, los puertos panameños tenían instalaciones modernas y funcionaban eficientemente. Nada más alejado de la realidad. PPC tuvo que hacer una inversión de más de 140 millones de balboas, muy superior a la acordada en el contrato, precisamente porque las instalaciones eran ruinosas y parte de ellas hasta el día de hoy las ocupan entidades gubernamentales panameñas, por lo cual PPC no ha podido hacer pleno uso de ellas.

Dice el señor Eisenmann: “… Panamá Ports cuyo contrato modificado tendrá la solidez de una gelatina recién preparada”. Estoy seguro que él sabe, como empresario que es, que las circunstancias en que realizan los contratos varían, las tendencias del comercio mundial evolucionan, surgen nuevas competencias, por lo que no se puede suponer que una concesión de 50 años no va a sufrir ninguna modificación. El mejor ejemplo lo tenemos nosotros mismos: un tratado firmado a perpetuidad terminó en menos de 100 años y muchas veces, a pesar de la perpetuidad, se modificaban sus cláusulas. El contrato de PPC con la Nación, como todas las otras concesiones, tienen la solidez que les da el ordenamiento jurídico y la disposición de las partes contratantes de honrar sus compromisos. PPC va a honrar los suyos y estamos seguros de que el Gobierno nacional hará lo propio.

El autor es abogado de Panama Ports Company, S.A.

Cartas y comentarios

Destacan caricaturas de Vic

Estimado Vic:

No se imagina lo mucho que disfruto sus caricaturas. Lo felicito por esa habilidad que tiene al conjugar el dibujo humorístico con mensajes apropiados. Se ha descubierto que una dosis diaria de buen humor reduce de forma significativa los síntomas de la depresión, amargura, tensión, intolerancia y otros.

Con sus caricaturas confronta los problemas actuales y sus personajes; señala las implicaciones y deja que el lector juzgue por sí mismo, sacando conclusiones bien informadas.

Geraldine Emiliani S.

Estimado Vic:

Me encontraba fuera del país, regresé ayer y me he enterado de la demanda en su contra.

Reciba con estas líneas mi solidaridad y disposición de apoyo ante este hecho tan pero tan absurdo. Ud. conoce mi posición al respecto y no lo voy a cansar repitiéndola.

Espero denuncie su caso a nivel internacional. Mi programa Alternativa está a su disposición cuando guste.

Miguel Antonio Bernal

Antídoto contra la tiranía de los especialistas médicos

Si el director de la Caja de Seguro Social hiciera tiempo para informarse un poco más a fondo en relación con las injusticias, antipatrióticas, irresponsables e inmorales pretensiones económicas del Sindicato AMOACCS, tradicional enemigo de la entidad que él jefatura, podría encontrar una solución lógica y simple al problema planteado por el grupo antihipocrático.

Hace unas décadas, en un país escandinavo de adelantadísima seguridad social, los médicos especialistas de esta nación se fueron a la huelga con más o menos los mismos pretextos que sus actuales homólogos panameños. ¿Qué hizo el Gobierno de ese esclarecido país? Algo tan sencillo cuya ignorancia ya está cubriendo de rubor al director Jované y a doña Mireya, si es que no han perdido la capacidad de sentirse avergonzados:

El Gobierno escandinavo en cuestión becó a decenas de jóvenes médicos y los envió a especializarse a diferentes países del mundo. ¿Resultado? A la vuelta de uno y dos años había tanto especialista graduado y empleado en ese desarrollado país, que la oferta pudo suplir la demanda y el problema se hundió en la memoria colectiva como “algo que solo ocurre en países atrasados”. Ou both got it? Hanno Loro capito? Haben Sie beide verstanden? A vi panimaete? Vous comprendez, n'est pas? ¿Comprenden Uds. doña Mireya, Sr. Jované?

Eudoro Silvera

Aclaración

Estimado colega:

Con relación a la publicación aparecida en el diario La Prensa el 18 de junio del año en curso, específicamente en la página 8A, bajo el título “Hoyo en la vía”, en el que se hace referencia al estado en que se encuentra la vía Transístmica a la altura de Sabanitas, deseamos notificarle que la División del MOP en esta provincia le ha dado mantenimiento continuo a esta vía, sin embargo, debido a los problemas que presentan las tuberías centrales que allí se encuentran, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados ha tenido que romper la vía en varias ocasiones.

En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas programó los trabajos de reparación para el pasado miércoles 19 de junio, donde se realizó la remoción de relleno contaminado, relleno y compactación de material selecto. Este material permitirá que el hoyo no se hunda más por el peso de vehículos pesados.

Posteriormente se realizarán los trabajos finales que consisten en remover parte del material selecto y rellenar con asfalto caliente, ya que el mismo requiere de una rola para su compactación final.

Entendemos las necesidades que en materia vial enfrentan las diversas comunidades del país, siendo prioridad para la presente administración, la prevención de accidentes de tránsito con la agilización de la reparación de las calles de nuestro país, por lo que le agradecemos al diario La Prensa su interés en la solución de este problema que afecta a varias comunidades de la ciudad capital.

Atentamente,
René Hernández
Asesor ejecutivo