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El denunciado soborno a legisladores para la aprobación del CEMIS y de dos magistrados de la Corte Suprema se ha convertido en uno de los episodios más escandalosos de la historia reciente. La imagen de un legislador exhibiendo los fajos de billetes que eran producto de una transacción ilícita de compra-venta del voto legislativo, que, según él, alcanzaba a otros colegas, conmovió profundamente a la nación. Pocas veces en materia de corrupción se presentan pruebas tangibles tan contundentes. El Ministerio Público abrió una investigación, que, si bien empezó con bríos, se ha desinflado en forma gradual, y sobre la cual no se abrigan mayores esperanzas. Como estaban en el centro del candelero, se calculaba que la clase política y las autoridades, en atención a los intereses y aspiraciones de la comunidad, responsablemente tomarían nota de lo acontecido. Ha ocurrido todo lo contrario. El CEMIS, una de las empresas que está bajo investigación por las denuncias de soborno en la Asamblea, va viento en popa. Y como si nada hubiese ocurrido, el Gobierno le entregó ayer el control de la terminal aérea de France Field, para la construcción de un aeropuerto de carga y pasajeros, que es el proyecto más importante del consorcio. Da qué pensar el apremio oficial en ceder ese bien estatal cuando están de por medio procesos penales y civiles.

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Panamá, 20 de junio de 2002