Asamblea demandará equiparación
También se evalúa presentar
una querella por lesión patrimonial contra PPC
Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com La Asamblea Legislativa
solicitará la suspensión provisional de los efectos de la resolución ministerial
que equiparó el contrato suscrito entre el Estado y la empresa Panama Ports Company
(PPC), concesionaria de los puertos de Balboa y Cristóbal, informaron fuentes
legislativas. Tal petición está consignada
en una demanda contencioso-administrativa de nulidad que será interpuesta esta
semana ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en contra de la resolución
No. 14 de 13 de mayo de 2002 suscrita por el ministro de Comercio e Industria,
Joaquín Jácome. El Gobierno eliminó dos cláusulas
del contrato de PPC que le obligaban a pagar al Estado panameño 22.2 millones
de dólares anuales durante 50 años así como el 10% de sus ingresos brutos.
Con esta resolución, PPC logró la equiparación de su contrato con el de la Colon
Container Terminal (Evergreen) firmado en 1996.
Las fuentes, quienes hablaron con el compromiso de la reserva de sus identidades,
coincidieron en señalar que la equiparación no era posible, debido a que las condiciones
no son iguales. En el seno de la Asamblea
Legislativa, informaron otras fuentes, se evalúa la posibilidad de presentar una
querella criminal por lesión patrimonial en contra de PPC ante la Dirección de
Responsabilidad Patrimonial, explicó una de las fuentes consultadas, quien exigió
igualmente mantener en reserva su identidad.
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