Dinero público personalizado

Las placas son cada vez más grandes, porque son cada vez más los funcionarios que gustan de aparecer en ellas

La costumbre de colocar placas en las obras públicas no la inventó el actual gobierno ni son los panameños los únicos en practicarla. Pero no podemos regatearles a los actuales gobernantes el haberla llevado a las heredades del ridículo, pues no conformes con adornar de esa manera la obra concluida, también colocan, a mansalva y sin piedad, letreros gigantescos durante toda su ejecución. En esa materia, las discrepancias entre legisladores y Organo Ejecutivo son inexistentes: unos y otro compiten por hacernos saber, desde antes que comiencen los trabajos y durante mucho tiempo después, que fue gracias a la generosidad de ellos que los ciudadanos cuentan con tales obras.

Hasta donde he podido rastrear, desde los tiempos de Belisario Porras (y seguramente desde antes) se colocan placas en las obras públicas mayores para marcar la fecha en que se inauguraron y el presidente bajo cuyo mandato se realizaron. Eso ha cambiado: ya no son las obras grandes, ni siquiera las construidas en el respectivo período constitucional. Ahora son todas: unas porque, en efecto, se construyeron en su totalidad en la presente administración (que son las menos), otras porque le tocó en suerte una inauguración demorada (el corredor sur y los puentes de la carretera interamericana), otras porque fueron superficialmente arregladas o pintadas (varias escuelas), y otras por cualquier motivo que se le ocurra al burócrata que de esa manera quiera congraciarse con sus superiores.

Las placas son cada vez más grandes, porque son cada vez más los funcionarios que gustan de aparecer en ellas. Al principio de la República era solo el presidente, después se agregaron los ministros, los alcaldes, los directores de entidades autónomas, y ahora han exigido inmortalizarse también los viceministros, y muy pronto harán lo propio asesores, secretarias y choferes. Y se colocan por igual en puentes, carreteras, escuelas, edificios, casetas y ambulancias. Ello es el resultado de una distorsión del papel del funcionario y de una concepción clientelista del ejercicio del gobierno.

Es evidente que, en los últimos años, el objetivo no es tanto dejar plasmado para la posteridad la época en que se realizó determinada obra, como obtener, de forma inmediata, un rédito político. O sea, votos en las próximas elecciones. Naturalmente no se le puede atribuir, sin violar la ley, la realización de una determinada obra al partido político en el gobierno, de suerte que hay que apuntar al subconsciente del elector en forma de carambola: se destaca el nombre de la presidenta, que no puede aspirar a la reelección, en la esperanza de que, a la hora de votar, aquél asocie la obra con la presidenta y ésta a su vez con el candidato de su partido. Aunque la inspira el mismo propósito, la asociación de un voto de gratitud con la realización de obras públicas es mucho más directa para los legisladores, pues éstos personalizan la ejecución de la obra y luego piden el voto para ellos mismos. No sé cómo se pueden medir los retornos políticos de las placas conmemorativas y de los letreros previos, pero sospecho que deben ser muy bajos, por la sencilla razón de que la mayoría de los electores no utiliza el voto como nota de agradecimiento, sino como arma de castigo o, en el mejor de los casos, como expresión de una esperanza en el cumplimiento de promesas electorales.

Pero al margen de la efectividad, lo concreto es que a diario nos restriegan las obras realizadas y, sobre todo, las que se encuentran en proceso de ejecución, con los nombres de la presidenta, de los ministros respectivos y, principalmente, de los legisladores. Como si las obras fueran propias, como si los fondos con los que se realizan fueran privados, como si las partidas circuitales provinieran de patrimonios privados, como si todos fuéramos vulnerables a un lavado de cerebro barato y mal disimulado, como si nadie supiera que, al fin y al cabo, el dinero con que se realizan las obras públicas no les pertenece a los legisladores, ni a la presidenta, ni a los alcaldes, ni al director del FIS, sino a la Nación en su conjunto. Ojalá algún día un puente o una escuela aparezca con una placa que diga sencillamente: “Esta obra se construyó en el año 2005” (he perdido la esperanza de que sea antes). Y dejarle a los curiosos de la historia la investigación de quiénes eran a la sazón el presidente, el ministro y el legislador del respectivo circuito (si es que a alguien le interesa).

El autor es ex canciller de la República

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