Panama Ports, en el ojo del huracán
El ministro de Comercio deberá comparecer nuevamente a la Asamblea
Rolando Rodríguez B.
rrodriguez@prensa.com
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¿Qué pasaría si los otros dos operadores portuarios piden la equiparación con el contrato de Panama Ports Company?
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Si hay algo claro en la “equiparación” que el Gobierno le concedió a Panamá Ports Company (PPC) es que no todo parece estar tan claro. Y es por eso que el ministro de Comercio e Industria, Joaquín Jácome, será citado una vez más a la Asamblea Legislativa.
Jácome, quien ya concurrió —hace poco más de dos semanas— a una larga sesión en la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa para explicar tal “equiparación”, deberá esta vez brindar explicaciones más convincentes a los legisladores sobre las razones que motivaron al Gobierno a renunciar, a mediados de mayo pasado, al cobro de más de mil millones de dólares en concepto de arrendamiento de los puertos de Balboa y Cristóbal a lo largo de 50 años.
Pero, como dice Laurentino Cortizo, presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa —que prepara el cuestionario de quince preguntas para Jácome—, ya al Gobierno no le quedan muchas explicaciones. No obstante, la Asamblea, que aprobó dicho contrato, tampoco parece tener muchas salidas tras el revés que sufrió esta semana.
El jueves, un proyecto de ley que pretendía revocar las resoluciones del Consejo de Gabinete y del Ministerio de Comercio sobre la “equiparación” fue rechazado y archivado. Fue una votación dividida, incluso dentro de las filas del PRD y sus aliados políticos, cuyos legisladores votaron unos a favor y otros en contra, mientras que los oficialistas cerraron filas en contra del proyecto.
El legislador Cortizo insiste en que no hay bases para otorgar una “equiparación” a PPC, al menos como lo hizo el Gobierno. Advierte que, si a un ministro le fue conferido el poder para modificar un contrato-ley, bajo el mismo esquema de poder, una resolución ministerial puede ser utilizada para restablecer la anualidad fija o, incluso, para aumentarla.
“¿Quién quita que mañana suba un Gobierno que ordene a su ministro incrementar la anualidad a treinta millones de dólares?”, se pregunta Cortizo. El legislador advirtió que, de mantenerse la actual postura, PPC puede sufrir las consecuencias de la inseguridad jurídica que esta decisión acarrea.
En su defensa, PPC justifica la decisión del Gobierno porque la empresa realizará inversiones en el puerto de Balboa por el orden de los 200 millones de dólares.
Estas inversiones, sin embargo, no responden a un ofrecimiento desinteresado, tal como pretende hacer ver PPC, sino a una necesidad real y apremiante de expansión. Thomas Kenna, director de mercadeo de la Panama Canal Railway —operador del ferrocarril transístmico— dijo esta semana que, debido a que PPC no ha cumplido con la expansión del puerto de Balboa, su empresa está perdiendo dinero.
Esta expansión, dijo Kenna, es determinante para su empresa, pues solo están operando a un 25% de su capacidad. Se calcula que Panama Canal Railway está perdiendo unos 400 mil dólares al mes desde que el servicio se inauguró, el 1 de noviembre del año pasado.
Según Kenna, cuando el servicio se inauguró, “el puerto debía estar listo”. Y si el puerto no se expande, “no van a venir más clientes y no va a haber los volúmenes esperados”, declaró.
En otras palabras, de la ampliación del puerto depende que vengan nuevos o más clientes. En consecuencia, las inversiones responden a la necesidad de PPC de hacer negocios.
Es por ello que los negociadores del contrato de PPC insistieron en que en la licitación de ambos puertos el factor que determinaría el ganador no serían las promesas de inversión —porque ellas vendrían a medida que surgiera la necesidad de hacer negocios— sino la anualidad fija, por la que PPC ofreció 22.2 millones de dólares y el 10% de sus ingresos brutos.
Cortizo teme, además de la inseguridad jurídica, que el resto de los operadores portuarios pidan ahora una “equiparación” de sus contratos con el de PPC, lo que supone entregarle bienes —que no existen— valorados en 700 millones de dólares a cada uno, tal como los que recibió Panama Ports Company del Estado.
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