Panamá, 14 de junio de 2002
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La CSS no puede ser un tema político

Juan Lacalle

El déficit de caja del primer trimestre, independiente de si el Viernes Santo cae fin de mes o no, como si el día de cierre de operaciones fuese la única jornada laboral del mes, no es justificable en la mayor empresa del país. Tampoco nos ha tomado de sorpresa. Ya en el diálogo dijimos que el escenario de revisión del estudio de la OIT era optimista, y que no había nada en el horizonte que nos indicara claramente que la situación económica y del empleo fuera a mejorar. Eso fue lo que nos mostró el director en su informe a la junta directiva. Este año volverá a crecer el déficit financiero de la CSS, de acuerdo con la ley, en más de 300 millones, si no se hace nada, si seguimos aumentando la planilla o gastando en publicidad para engañar a la opinión pública, si no somos lo suficientemente honestos para reconocer que los pasivos (los de verdad) no pueden ser mayores que los activos para que cualquier empresa, sin importar que sea pública o privada, pueda perdurar en el tiempo.

Ya en 1990 observábamos caída en las reservas y con un ajuste, mediante ley, de la edad de jubilación de apenas dos años, el déficit dejó de crecer por tres años. Ese ajuste pudo haber sido el equivalente a incorporar 600 millones a la reserva. Después siguió en su desenfrenada carrera hacia el precipicio.

Lo doloroso de observar lo que está ocurriendo, es que el daño es irreparable y lo están llevando a cabo funcionarios que se supone trabajan por el interés de todos los accionistas: nosotros los asegurados. Me pregunto yo ¿qué haría el señor Jované si diera a manejar una empresa personal, donde ha invertido todo su patrimonio, a un gerente con la capacidad de destrucción que estamos viendo en la CSS? No olvidemos que pagamos sus salarios entre todos los contribuyentes (también nosotros).

Los argumentos del director de la Caja del Seguro Social: Privatización. Neoliberalismo. Precariedad del salario. Erradicación del empleo sector industrial.

Estos han sido insistentemente algunos de los pocos argumentos del profesor Jované cuando de defender el statu quo de la institución se trata, impidiendo que el diálogo se desarrolle sin precondiciones y erigiéndose en el único interlocutor social de dicho diálogo. El resto de sus argumentos se limita a demonizar al sector privado.

Para ello ha recurrido a prácticas propagandísticas plenas de engaño y demagogia, convirtiendo a la institución en la más publicitada del Estado, en vez de proponer una discusión amplia, racional y desprendida de toda motivación de tipo politiquero. Es un tema de Estado, el director es el Estado, y un ataque a su posición es un ataque al Estado. Esto evidencia que nunca quiso el diálogo, que tiene su agenda propia, y de ahí su desenfrenada descalificación, desde un inicio, de los esfuerzos de la OIT por aportar una herramienta que develara la verdad, y que ha sido usada exitosamente por más de una treintena de países. Por cierto que, como ciudadano preocupado por la educación panameña, alguna reserva me motiva el que su agenda se limite a regresar a las aulas universitarias, no por lo limitada, sino por el hecho de que regrese.

Uno de los puntos que quiso utilizar al inicio de su gestión, para argumentar en contra de los supuestos del estudio, fue la baja correlación entre el crecimiento del PIB y la creación de empleos. No ha dicho nada sobre qué pasa cuando el PIB no crece. Pasemos a considerar su planteamiento:

En economía no hay que dar nada por sentado. El viejo paradigma establece una relación directa entre el crecimiento y el empleo. Mayor crecimiento del PIB se traslada a más puestos de trabajo. Cierto, pero no en la misma proporción. Y especialmente en lo que se refiere al sector industrial, aunque parecidas conclusiones podrían obtenerse de la evolución de los otros sectores, con la condición de que estén maduros.

Hoy la regla que parece repetirse es que los avances tecnológicos y la mejora de la gestión van reduciendo poco a poco el número de puestos de trabajo creados en las fases de crecimiento, conclusión que recuerda a los primeros rebeldes sociales contra el maquinismo industrial.

Mejoras reales a la producción se deben al crecimiento de la productividad, con mucho más peso específico que al aumento en los puestos de trabajo. La mejora de equipos y tecnologías, la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización, formación continua de los trabajadores y otros avances en la gerencia de empresas que disminuyen costos, son las razones por las que el empleo reduce significativamente su importancia relativa como factor de producción. Por ello es natural la resistencia a contratar empleados, sobre todo si se tienen que padecer serias dificultades cuando se trata de reducir la fuerza de trabajo, a la hora de enfrentar las crisis.

Nada de esto parece aceptar el señor Jované, cuando atribuye las dolencias del sistema a la precariedad del empleo, a la mala calidad del mismo, a los bajos salarios, y a la introducción de legislación “neoliberal” que destruyó excelentes salarios en el sector industrial, insinuando con ello recomendar la vuelta al proteccionismo del mercado interno cuando seguramente tales políticas fueron las responsables de los altos niveles de pobreza y de la mala distribución de la riqueza, realidades que hoy nos distinguen con el vergonzoso honor de ser uno de los peores de América Latina.

No soy economista, pero me atrevo a aseverar que, en el futuro, el crecimiento creará progresivamente menos empleo, que el factor dominante será la productividad, y que la permanencia y prosperidad de las empresas en los mercados dependerá de su capacidad de gestión.

La única forma de hacer frente a este reto es mediante el apoyo total e irrestricto a la educación. A una educación abierta y universal, sin limitarnos por ley a lo que puedan decirnos los profesores y autores panameños. El poder y la riqueza ya no residen en la propiedad de la tierra o de la producción alimentaria, ni en el control de las materias primas estratégicas ni en el proceso industrial, sino en el dominio del conocimiento.

Hoy, la CSS recibe más de 50 millones en subsidios, el Gobierno propone ceder parte del patrimonio del Estado, y el director de la institución insiste en reclamar “deudas sociales” del Estado para con la entidad. ¿Quién es el Estado? ¿A quién se lo cobramos? ¿Acaso al 40% de los panameños que el PNUD denuncia en su Informe de Desarrollo Humano, que están por debajo de los niveles de pobreza? ¿A las siguientes generaciones, obligándolas a pagar altísimas tasas de cotización para financiar los derechos que les reclamaremos? A cambio de qué, ¿de una promesa? Estos esquemas piramidales fueron declarados ilegales hace muchos años por considerárseles verdaderas estafas. Y la real crisis fiscal está por empezar. ¿Qué tiene este sistema de equitativo y de solidario? Lo único que se le puede reconocer es la universalidad de la miseria que genera.

No podemos aceptar ninguna forma de transferencia de recursos del Estado necesarios para preparar a esas generaciones que habrán de luchar con su conocimiento en un mundo de competencia y productividad. Pensar de otra manera sería querer resolver necesidades de personas que tuvieron probablemente más de 40 años de opciones para diseñar la calidad de su vida al alcanzar la tercera edad y que, por el paternalismo irracional promovido por los planificadores de las “políticas de Estado”, están llegando a esa etapa sin otra alternativa que privar irremisiblemente a las siguientes generaciones de un futuro promisorio. Esta actitud, corta de visión por decir lo menos, lo que garantiza es que en vez de alto desempleo tengamos ejércitos de personas imposibles de emplear.

El autor es representante del CoNEP en el Diálogo por el Seguro Social

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