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Desde los comienzos de la
República se legisló profusamente. Ello era entendible, porque
se trataba de crear los fundamentos jurídicos de un nuevo
Estado. Sin embargo, los gobiernos posteriores han producido
una especie de hiperinflación legislativa, progresiva, degenerativa
y, al parecer, incurable. Basta citar, como ejemplo, lo que
ha ocurrido con las normas sobre la libertad de prensa y el
acceso a la información. Existen muchas disposiciones dispersas
en códigos, leyes, acuerdos municipales y decisiones administrativas
a todos los niveles, que se han acumulado desde 1903. Es cierto
que muchas de ellas no se aplican, pero también lo es que
continúan vigentes, y las autoridades sienten la permanente
tentación de utilizarlas. A modo de reseña, de ningún modo
exhaustiva, las normas que limitan las libertades de prensa,
opinión e información, se encuentran dispersas en muchos códigos,
leyes, decretos leyes y en otras normas de menor jerarquía.
Para citar solo algunas, en el Código Administrativo hay disposiciones
que facultan a las autoridades de policía, tales como corregidores,
alcaldes y gobernadores, a impedir la circulación de una publicación,
como se hizo durante la dictadura con el diario Extra y La
Prensa. Pero también existen en el Código de la Salud, en
el de la Familia, en el Penal y en muchas leyes que siguen
vigentes, a pesar de ser una vergüenza nacional y una violación
flagrante a los convenios internacionales suscritos y ratificados
por Panamá. |
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