Orden en las cárceles

Lorenzo Abrego
abrego@prensa.com

Cárcel de La Joya. Las normas que rigen en los penales panameños requieren una urgente modernización.

Hace 61 años que no se modifican las normas que rigen el sistema penitenciario panameño, caracterizado por el hacinamiento y la escasez de recursos.

En más de una ocasión, las imágenes y noticias sobre la vida en los penales han sacudido a la sociedad panameña, por lo que en estos momentos, los legisladores discuten con urgencia notoria un proyecto de ley que crea y organiza el sistema penitenciario. El documento tiene más de seis años de consulta e intenta cambiar el modelo carcelario.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Felipe Cano, destacó que se pretende modificar la ley para contar con un instrumento que sirva para por lo menos un cuarto de siglo y, además, garantice la rehabilitación de los presos.

Señaló que para ello, el componente económico es importante, y que este gobierno y los que vienen tendrán que atender el sistema de acuerdo con las prioridades. Se calcula que para modernizar el sistema se requieren 65 millones de dólares.

En la actualidad, hay 10 mil 60 detenidos en las diferentes cárceles del país, pero las estructuras solo tienen capacidad para 7 mil. El presupuesto anual es de 9.3 millones de dólares y de esto, solo 24 mil dólares son usados para brindar atención médica a más de 10 mil reos.

El proyecto además de contemplar los derechos de los reos (ver recuadro), introduce la clasificación de los detenidos de acuerdo con su edad, sexo, situación procesal, antecedentes penales, estado de salud y evaluación criminológica. Se prohíbe que los presos sean encerrados en celdas oscuras, que se utilicen esposas y grillos, que se les prive de alimentos y que se les impongan cadenas y camisas de fuerza como medio de castigo.

También se determina que la seguridad interna de las cárceles estará a cargo de los custodios civiles, y que la seguridad externa será responsabilidad de la Policía Nacional.

Pero el punto más conflictivo del proyecto es la introducción de la figura del juez de ejecución de penas, que dará seguimiento a los procesos de los detenidos una vez sean condenados, ya que ahora nadie se encarga de esto.

Cano reconoció que las autoridades del Sistema Penitenciario tienen reservas sobre esta figura, porque sienten que usurpa parte de sus funciones.

El juez de ejecución de penas estará adscrito al Organo Judicial y conocerá de todos los casos en ejecución de penas que se encuentren en los centros penitenciarios. En la actualidad, muchas de las funciones que ejercerá el juez de ejecución de penas las cumplen las autoridades del Sistema Penitenciario.