Con arma punzocortante

Toda caricatura presenta un cuadro imaginario que expresa una opinión mordaz con humor, exageración, y hasta deliberada distorsión

El mes pasado dediqué tres columnas a una cruzada en defensa de la ballena que, felizmente, tuvo gran resonancia entre los lectores. Hoy escribo en defensa de otra especie bajo amenaza de extinción: el periodista panameño.

Sé que es mucho más fácil amar a las ballenas que a los periodistas. Las ballenas son siempre bellas, nobles, inofensivas y silenciosas. Los periodistas criollos, por contraste, casi nunca son bonitos y -debo admitir- frecuentemente son rudos, ignorantes y alborotosos.

Sin embargo, la sobrevivencia de la República requiere que no permitamos la cacería judicial de periodistas. Con toda su rudeza y torpeza, el periodismo panameño hace una labor de fiscalización que es absolutamente esencial para el avance del país. Y si el periodismo panameño necesitar madurar, ello jamas ocurrirá si permitimos el encarcelamiento sin ton ni son de nuestras plumas más elocuentes.

Tomemos, por ejemplo, los casos de Vic Ramos y Julio “Rac” Briceño, caricaturistas por excelencia de este diario. Ricardo Arias Calderón -ofendido por una caricatura- le tiene una denuncia penal puesta a Rac, y ahora resulta que Ernesto Pérez Balladares -también ofendido por una caricatura- le ha puesto otra a Vic. Ambas denuncias son por calumnia e injuria y conllevan un posible encarcelamiento si los caricaturistas son condenados. En el caso de injuria, la verdad no es una defensa admisible, y en el caso de calumnia, el peso de las pruebas recae sobre el acusado; es decir, el caricaturista tendría que probar la verdad de lo que dice la caricatura.

Pero, ¿la verdad de qué? Toda caricatura presenta un cuadro imaginario que expresa una opinión mordaz con humor, exageración, y hasta deliberada distorsión. Esa es la esencia del arte del caricaturista, cuya pluma -en las manos magistrales de artistas como Vic y Rac- es un arma altamente punzocortante. Yo comprendo perfectamente que Arias Calderón y Pérez Balladares se disgustaran (así como estoy segura de que George W. Bush se enfurece con todas las caricaturas que lo pintan de morón y que a Bill Clinton le molestaron todas la caricaturas crudas sobre sus relaciones con Mónica), pero si Panamá aspira a ser un país civilizado, no es admisible que nuestros caricaturistas sean sometidos a enjuiciamiento penal cada vez que una caricatura hiera a algún personaje político. Mas allá de ser una injusticia magna con Vic y Rac, así nos quedaremos sin caricaturistas.

Y nos quedaremos también sin periodistas. Me indigna que la Procuradoría alegue, como hizo esta semana, que solo hay 21 periodistas bajo proceso penal y que los medios que informen lo contrario “no están haciendo un uso veraz de la información”, según reportó La Prensa. En marzo, Octavio Amat, Miguel Antonio Bernal y yo comparecimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para una audiencia sobre la libertad de expresión en Panamá. Como se nos pidió precisamente que aclaráramos la discrepancia entre las cifras oficiales y la cifra de 70 periodistas procesados que circulaba en Panamá, confeccionamos una lista de todos los casos penales contra periodistas. Es cierto que nuestra lista incluye casos de desacato y que también incluye a muchas figuras vinculadas al periodismo que no son reporteros asalariados (por ejemplo, comentaristas como Luis Murillo y Eugenio Morice), pero el hecho es que la lista que presentamos a la CIDH contiene 90 nombres (se la envío a quien me la pida), a los que tendremos que agregar los nuevos casos que han surgido desde marzo.

Se trata de una cacería de periodistas. Por cada milagro como la reciente absolución de Miguel Antonio Bernal (que el fiscal está apelando) hay espantos como la condena de Michelle Lescure, quien, según entiendo, encara 18 meses de prisión (o quinientos dólares de multa) por un artículo supuestamente calumnioso que apareció en El Siglo cuando ella estaba separada del diario, aunque su nombre todavía aparecía por error en el machote. ¿Así se hace justicia en Panamá?

Aquí en La Prensa, tenemos los casos de Mónica Palm (denunciada penalmente por repetir las palabras de un funcionario publico), de Mario Muñoz y Manuel Domínguez (beneficiados con un sobreseimiento que ha sido anulado), y muchos otros.

Lo importante es que en conjunto, los noventa y tantos casos penales contra periodistas confirman un patrón sistemático de leyes anacrónicas aplicadas arbitrariamente, injusticia que no se rectificará si el pueblo panameño no se moviliza en defensa de sus periodistas y de su propia libertad de expresión, que pertenece por igual a todos los ciudadanos.

La autora es corresponsal de La Prensa

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