Panamá, 7 de junio de 2002
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Alcaldía gana demanda en la Corte

El pleno declaró no viable una demanda de inconstitucionalidad contra un acuerdo municipal que autorizó a Navarro a suscribir un contrato de concesión del mobiliario urbanopor 15 años

Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com

Bajo la ponencia del magistrado Rogelio Fábrega Zarak, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró no viable una demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra un acuerdo municipal que autorizó al alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro, a suscribir un contrato de concesión del mobiliario urbano por 15 años con la empresa Equipamientos Urbanos de Panamá, S.A.

El Consejo Municipal de Panamá dio luz verde a Navarro a suscribir dicho contrato con la referida empresa, que previamente se había ganado una licitación en la que se comprometía a invertir 16 millones de dólares durante los 15 años de la concesión.

Equipamientos Urbanos de Panamá, S.A. instalará en el distrito capital, según la Alcaldía, 800 paradas de buses e igual cantidad de marquesinas, 500 puestos de buhonería, 600 faroles, 750 bancas, 4 mil basureros y 25 relojes.

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Tal acuerdo fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad que impulsó el abogado Nander Pittí Velásquez, quien consideraba que el acuerdo servía de sustento para justificar la constitución de un “aberrante monopolio” sobre la actividad publicitaria en el distrito de Panamá.

En realidad, dijo, es una autorización para otorgar una “exclusividad en el ejercicio de la referida actividad” publicitaria que, en este caso específico, se ejercerá mediante la colocación de vallas publicitarias, anuncios, letreros y tinacos con propaganda comercial.

Fuentes de la Alcaldía capitalina aseguraron, sin embargo, que la concesión representa el 15% de la publicidad exterior que, a su vez, resulta menos del 25% de la publicidad total.

La Corte rechazó la demanda en referencia por razones de orden procesal, y determina la preferencia en estos casos de la vía contencioso-administrativa sobre la constitucionalidad para atacar actos administrativos.


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