Panamá, 5 de junio de 2002
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Condenan a líderes de las FARC a 36 años de cárcel

BOGOTA, Colombia (AFP). —Cinco miembros de la dirigencia de la guerrilla de las FARC fueron condenados en ausencia este martes a 36 años de prisión cada uno, por la muerte del congresista colombiano Rodrigo Turbay, ocurrida en 1997, informaron voceros de un tribunal penal.

De acuerdo con el reporte, un juez de la zona central del país responsabilizó del secuestro y la muerte de Turbay a Pedro Marín (alias Tirofijo), máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), a Iván Márquez, Raúl Reyes, Jorge Briceño (alias Mono Jojoy), jefe militar del grupo insurgente, y a Alfonso Cano.

Por los mismos hechos fueron condenados a penas de 40 años cada uno, otros cinco rebeldes, indicó el vocero.

Reyes y Márquez actuaron como voceros del grupo rebelde en las frustradas negociaciones de paz con el gobierno del presidente Andrés Pastrana, las cuales se iniciaron en enero de 1999 y fueron canceladas por el mandatario, el pasado 20 de febrero.

Turbay fue secuestrado en una zona rural del municipio de Paujil, departamento de Caquetá (sur), el 16 de julio de 1995 y fue encontrado sin vida el 4 de mayo de 1997. Según las FARC, el dirigente político se ahogó cuando la lancha en la que se le trasladaba por un río del sur, sufrió un accidente.

En diciembre del 2000, un hermano de Turbay, el representante a la Cámara Diego Turbay, su madre y cinco de sus escoltas, fueron asesinados en una emboscada de las FARC, también en Caquetá, cerca de la zona desmilitarizada que ocupaba el grupo rebelde desde noviembre de 1998, y donde se llevaron a cabo las frustradas negociaciones.

Por otra parte, la guerrilla de las FARC, que ya obligó a renunciar a tres alcaldes del sureño departamento colombiano de Huila, tiene en la mira a otros cinco, confirmaron autoridades civiles, que señalaron que estas acciones del grupo insurgente son una represalia por el triunfo del derechista Alvaro Uribe en la elección presidencial del pasado 26 de mayo.

Las amenazas de las FARC se extendieron a los funcionarios municipales, incluidos concejales, fiscales, jueces, inspectores y corregidores de las ocho poblaciones de Huila, así como a los habitantes de varios municipios del departamento de Cauca (suroeste) -donde ganó Uribe-, los cuales fueron declarados objetivos militares.

El gobernador de Huila, Juan de Jesús Cárdenas, informó de que, “según las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), los alcaldes y las autoridades civiles de los municipios de Garzón, Altamira, Suaza, Guadalupe y Acevedo, deberán renunciar antes de las seis de la tarde de este martes o serán declarados objetivos militares.

El fin de semana ya habían renunciado a su cargo los alcaldes de los municipios de Gigante, Hobo y Algeciras, también por amenazas de la guerrilla.


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