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Los convenios y tratados internacionales
obligan a todos los Estados que los hayan suscrito y ratificado,
a cumplir lo que allí se dispone. Es más, la Constitución
vigente así lo reconoce en su artículo 4, al disponer que
la República de Panamá acata las normas del derecho internacional.
Lamentablemente, no es así. Por demasiado tiempo Panamá ha
soslayado el cumplimiento de sus deberes en muchas obligaciones
internacionales. Un claro ejemplo lo ofrece la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por
Panamá hace más de dos décadas. Según el artículo 2 de la
Convención “...los Estados partes se comprometen a adoptar,
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades”. Poco o nada ha hecho Panamá
para honrar el compromiso. Ello es así en muchas materias,
pero en particular hay un penoso retroceso en lo relativo
a las libertades de pensamiento y expresión. En tales asuntos,
lejos de avanzar hemos retrocedido con anteproyectos de ley
que se han propuesto para limitar la libertad de prensa, establecer
sistemas de idoneidades para ejercer el periodismo y censurar
o someter a restricciones la difusión de programas de radio
y televisión. Si así lo quieren la Asamblea Legislativa y
el Ejecutivo, primero deberán denunciar la Convención y salir
del sistema interamericano. Basta ya de tanta hipocresía. |
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