Lío portuario afecta imagen del país: Carles
Panamá debe dar
garantías a todas las empresas interesadas de que “hay seguridad jurídica”, dijo
el ex contralor
Lorenzo Abrego
labrego@prensa.com El ex contralor de
la República Rubén Darío Carles señaló ayer que las “trifulcas y los líos” que
se han registrado con el manejo de los puertos, puede afectar la imagen que tiene
el mundo marítimo sobre la importancia estratégica que ostenta el país en un área
vital para comercio internacional. Carles,
que fue contralor durante la administración de Guillermo Endara (1989-1994), evitó
comentar respecto a la controversia originada por la equiparación del contrato
a la Panama Ports Company (PPC), pero resaltó que los puertos tienen un valor
estratégico para nuestro país por su localización, y eso se evidencia en estos
momentos. Manifestó que debido al interés
de localización que tienen los puertos, Panamá debe dar garantías a todas las
empresas interesadas, en el sentido de que “hay seguridad jurídica”.
“Lo que se debe dejar claro es que aquí se respetan los contratos y se les ofrecen
garantías por igual a todos los que están interesados, porque lo que se puede
estar arriesgando es la posibilidad que tiene el país de desarrollarse como centro
de trasbordo”, expresó el ex contralor. Carles
reiteró que desconoce el asunto relacionado con la PPC, pero indicó que se deben
conservar las ventajas portuarias y evitar que las controversias afecten la credibilidad
que tienen los inversionistas en Panamá.
También insistió en la necesidad de contar con una estrategia nacional para beneficio
del servicio marítimo internacional, porque a su juicio el interés por los puertos
locales no es de una, dos o tres empresas, sino de muchas. Por ello, añadió, se
debe analizar una fórmula para aprovechar mejor este valioso recurso.
Las declaraciones del ex contralor se produjeron
después de la presentación de un anteproyecto de ley que busca eliminar una resolución
del Ministerio de Comercio e Industrias, que equiparó el contrato de la PPC con
el de Colon Container Terminal, lo que supone que el Estado dejará de percibir
22 millones de dólares más el 10% de las rentas que obtenga la empresa anualmente.
La iniciativa, que fue presentada por la
oposición, busca además que la Contraloría pueda refrendar cualquier contrato
de equiparación y que al final sea la Asamblea la que apruebe las modificaciones.
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