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Las contrataciones públicas
en Panamá son una especie de burla al país y
a sus contribuyentes. Poco importan los términos de
la oferta y del contrato, porque de alguna manera se alterarán
más tarde en beneficio de la empresa que lo obtuvo.
Basta recordar algunos casos. El gobierno anterior licitó
el Corredor Norte y ganó una empresa mexicana. La ruta
estaba trazada y así lo entendieron todos los que participaron
de la licitación. Sin embargo, poco después
la Asamblea Legislativa modificó la ley del Parque
Natural Metropolitano para permitir la construcción
de un ramal del proyecto a través de terrenos que antes
eran reservados, beneficiando así al concesionario.
Obviamente las otras empresas licitantes, de haberlo sabido,
habrían aumentado sus ofertas. Otro método es
el de las adendas, que cambian las condiciones del contrato
por simple decisión de Gabinete, eximiendo al concesionario
del cumplimiento de lo pactado. Pero el colmo de todos los
colmos es lo que se ha hecho en el caso de Panama Ports Company.
Por oscuras razones que a la razón escapan, el gobierno
actual ha renunciado a que se le paguen las sumas pactadas
que ascienden a más de 30 millones de dólares
anuales. ¿A qué obedece tan inusitada generosidad?
¿Será indolencia tropical, incapacidad o corrupción?
Que los ciudadanos juzguen. |
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