El ex socio mexicano de los Rodin
Esta es una historia de pleitos,
demandas, traiciones y supuestas amenazas de muerte entre socios venidos a menos
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
| | Pedro Sarabia
|
n la década de 1980, mencionar el apellido Rodin equivalía a hablar del imperio
automovilístico Lada; en la del 90, era hablar de una potencia portuaria. Pero
en este principio de milenio, es sinónimo de escándalos. He aquí el último de
la lista. El coprotagonista de esta historia
es un empresario mexicano llamado Pedro Javier Sarabia, antiguo socio de los Rodin,
que sale a la palestra para denunciar lo que califica de “hechos delictivos”,
supuestamente realizados por los fundadores del puerto de Manzanillo.
Sarabia asegura que los Rodin lo despojaron ilegalmente
de su participación en las empresas compartidas; de haber intervenido su teléfono
y de haberlo amenazado de muerte, cuando le advirtieron que si volvía a poner
un pie en sus oficinas, en el piso 26 de Plaza Credicorp, “me desaparecerían”.
Pero, de acuerdo con el propio Sarabia, hubo
más que amenazas. “En la ciudad de Panamá sufrí un par de atentados, ya que en
dos ocasiones intentaron atropellarme vehículos que correspondían a personal de
seguridad de los señores Rodin —asegura—. Por ese motivo me vi obligado a cambiar
mi domicilio”. Sarabia, que se fue a vivir
a su tierra natal, se queja de que desde que se fue, los Rodin han aprovechado
su ausencia “para manejar a su libre albedrío” empresas en las que son socios.
De hecho, Sarabia mantiene varias disputas
con los Rodin, que, incluso, han traspasado las fronteras, ya que hubo litigios
relacionados al tema en Miami, México, Londres, Hamburgo y Bombai. En esta última
ciudad, una nave operada por los Rodin fue “arrestada” a petición de Sarabia.
Pese a ello, “todos esos casos fueron fallados a favor nuestro”, asegura Jorge
Hernán Rubio, de la firma Rubio, Alvarez, Solís & Abrego, abogados de los
Rodin. Sarabia responde a ello asegurando
que los Rodin gozan de “impunidad” para realizar actos de “dudosa reputación”;
que la justicia se la pasan “por donde les parece” y que la influyente familia
se “ufanaba” de tener “recursos y contactos políticos”, que no precisó.
Detrás de PCC
Sarabia conoció bien a los Rodin: juntos crearon en 1991 la conocida naviera Panamanian
Carriers Corporation (PCC), así como más de una docena de empresas afiliadas,
entre ellas, Panamanian Brokers Corporation, Gorse Down Ltd., International Carriers
Corporation, PCC de México, Walnut Business Enterprises, Kimco Panama International,
Akena International Trading y Star Ship Holding.
Sarabia poseía el 50% de las acciones de este conglomerado y el resto estaba en
poder de Lew Rodin y de sus hijos, Martin y Peter.
Como administrador, Sarabia era el responsable de todas las actividades operativas,
comerciales, financieras y tributarias del grupo. El cargo lo desempeñó desde
septiembre de 1991 hasta mayo de 1998, cuando los Rodin lo separaron de la gerencia
de PCC, alegando malos manejos. “La administración
de Sarabia generó en PCC pérdidas de 20 millones de dólares, según los Rodin”,
alega Rubio. No se ha podido comprobar ningún
desfase financiero, se defiende Sarabia, a la vez que afirma que, tras su partida,
los Rodin quebraron la naviera. Los activos
de PCC —entre ellos, ocho buques— supuestamente fueron traspasados a otra empresa,
propiedad de los Rodin, aunque Rubio sostiene que los barcos fueron rematados
para reducir la deuda que el grupo tiene con Banco Disa. “Patrimonialmente —asegura
el abogado— no hay nada que recuperar”. De
hecho, el Disa acaba de interponer un proceso de quiebra contra varias empresas
de la familia Rodin, entre las que se encuentra PCC y algunas de sus afiliadas
(como Gorse Down e International Carrier Corporation). La naviera adeuda unos
195 mil dólares al banco. Estos hechos fueron
denunciados por Sarabia en quejas presentadas ante las autoridades. Pero, ¿cuál
fue la reacción de los Rodin? El contra-ataque
Martin y Peter Rodin podrán estar ahora
comercialmente separados y recriminándose mutuamente, pero para el 9 de junio
de 1998, los hermanos mantenían una relación lo suficientemente cordial como para
unir fuerzas contra Sarabia. En su condición
de propietarios del 50% de las acciones de PCC, Martin y Peter presentaron una
demanda contra su socio mexicano, al que acusaron de haberles causado daños materiales
y económicos calculados en tres millones de dólares.
En su demanda, los Rodin señalan que en abril de 1998 encontraron un desfase financiero
de más de 350 mil dólares. La demanda señala que, como consecuencia de ese hallazgo,
Martin Rodin y Pedro Sarabia negociaron un “acuerdo general”, el 28 de abril de
1998, en el que Sarabia aceptó que bajo su administración adquirió obligaciones
personales hasta por 350 mil dólares. También
reconoce —aunque después lo negó— que se hicieron préstamos a terceros y a personal
subalterno bajo su responsabilidad con dineros de la empresa.
En lo que respecta a los 350 mil dólares desembolsados (de
los que dice haber recibido solo 250 mil dólares), Sarabia alega que ese préstamo
se dio con el consentimiento de Martin Rodin. Como prueba de ello, presentó una
nota, del 6 de febrero de 1997, dirigida al contralor del grupo, Arcesio Ho, en
la que se autoriza el préstamo, a cuenta de dividendos a ser distribuidos en el
transcurso de 1997. La carta, con membrete
de Gorse Down Ltd., lleva la firma tanto de Martin Rodin como de Pedro Sarabia.
En el acuerdo pactado en abril también se
establece contratar los servicios de auditoría de KPMG para determinar el estado
de las finanzas del grupo. También se pactó
que la empresa se manejaría a través de un “comité ejecutivo” del cual Sarabia
supuestamente formaría parte. No obstante, el mexicano endosó sus acciones de
PCC a favor de Anthorp Business, S.A., cuyo presidente es Osvaldo Zamorano, un
empleado de los Rodin. Zamorano también figura actualmente como presidente de
PCC. Sarabia hizo frente a la demanda de
Martin y Peter Rodin con una contraquerella. El 16 de junio de 1998, Genarino
Rosas, apoderado de Sarabia, presentó una demanda de reintegro por despido injustificado
ante la Junta de Conciliación y Decisión del Ministerio de Trabajo. La demanda
reclama el pago de las prestaciones laborales y salarios caídos, dado que por
seis años y medio Sarabia fue gerente general de la naviera, con un salario de
poco más de 10 mil dólares mensuales y un bono anual de 36 mil dólares.
Y mientras esa demanda tomaba curso, Sarabia ingresaba
al Hospital San Fernando, a punto de sufrir un infarto, debido, según dice, al
“cúmulo de presiones ejercidas por los socios de PCC”. Mientras estuvo hospitalizado,
dice Sarabia que se tomaron decisiones que afectaron su “estatus laboral”. Por
ejemplo, aseguró que el “comité ejecutivo” de PCC —liderado por Rubén Wolcovinsky—
sustituyó “de facto” todas las funciones que hasta entonces estuvieron a su cargo
como gerente general. “Tal acción constituye un acto de despido”, se queja.
Pero la Junta de Conciliación y Decisión no lo creyó
así. Esta determinó que no existió relación laboral entre las partes porque Sarabia
no era un empleado más, sino un accionista-administrador de PCC. Por lo tanto,
la demanda fracasó, aunque luego Sarabia presentó una apelación ante el Primer
Tribunal Superior de Trabajo. Sarabia asegura
que desde abril de 1998, Wolcovinsky y un ex ejecutivo del Canal de Panamá, Richard
Wainio —también miembro del comité ejecutivo de PCC— le impidieron el acceso a
las oficinas de la empresa, que, de hecho, fueron trasladadas de Plaza Obarrio
al piso 27 del edificio Plaza Panamá. Como
resultado de ello, el 19 de agosto de 1998 Sarabia presentó una denuncia criminal
contra Martin Rodin y Rubén Wolcovinsky por supuestos delitos de extorsión, estafa
y asociación ilícita para delinquir.
¿El tercer socio?
El financista Rubén
Wolcovinsky es una figura conocida en el entorno de los Rodin. Intervino, por
ejemplo, en la venta del 50% de las acciones que Motores Internacionales (MOINSA)
tenía en puerto de Manzanillo, a su entonces socio Stevedoring Services of America.
En el caso de Sarabia, La Prensa tuvo
acceso a un contrato de consultoría —fechado el 1 de abril de 1998— firmado por
Rubén Wolcovinsky como presidente de RW/Money Management & Consulting Corporation.
Como contraparte, aparece Pedro Javier Sarabia, gerente de PCC, pero sin su firma.
En dicho contrato, Wolcovinsky se comprometió
a brindar una evaluación financiera y hacer recomendaciones de índole legal que
afectara a PCC. También brindaría asesoría relacionada con posibles financiamientos
y refinanciamientos, mediante la colocación de deuda “a niveles aceptables dentro
de la capacidad financiera de PCC”. El costo de estos servicios se fijó en 5 mil
dólares mensuales. Lucila de Guabeca fue
designada asesora legal del comité y Richard Wainio, como coordinador.
En la denuncia presentada contra Rodin y Wolcovinsky,
Sarabia alegó haber sido “engañado, intimidado y sorprendido en su buena fe”,
ya que fue conminado por Rodin y Wolcovinsky a firmar un acuerdo general que para
él conlleva responsabilidades civiles y penales, al estipular obligaciones por
el orden de 350 mil dólares. También dice que en todas las reuniones sostenidas
con Rodin ha estado presente Wolcovinsky “ejerciendo presión e intimidación”.
Igualmente, Sarabia dice que Rodin y Wolcovinsy
“se han apoderado de las compañías..., haciendo uso de ellas como dueños absolutos,
evitando cualquier posible reunión de junta directiva y de accionistas, lo cual
constituye un delito”. Otra preocupación
de Sarabia fue que los Rodin se beneficiarán de su muerte, dado que en marzo de
1998 suscribió una póliza de seguro de vida de 15 millones de dólares —que estuvo
vigente, al menos, hasta un año después de su salida de la empresa— cuyos beneficiarios
son PCC y varias otras sociedades. Sarabia ignora si ha sido renovada en su ausencia.
Ya lo dice el viejo adagio: “hombre precavido
vale por dos”... o, en este caso, 15 millones de dólares.
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