Reacciones desproporcionadas

El acuerdo recientemente suscrito entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y las agencias del Gobierno estadounidense agrupadas en el denominado National Response Team (NRT), ha desatado una controversia que hace tiempo se salió de toda proporción. El acuerdo es muy sencillo: en la eventualidad de un accidente de magnitudes superiores a la capacidad de respuesta de la ACP, ésta puede solicitar la ayuda del NRT. Para ponerlo en términos más simples, es como tener el teléfono de una ambulancia, pero a diferencia de los contratos con las ambulancias, en los que se paga una mensualidad por contar con el servicio cuando se necesite, en este acuerdo no se paga mensualidad pero se paga el servicio cuando se preste. Como los seguros de accidente, es preferible tenerlo, solo por si las moscas, aunque uno quisiera no tener que usarlo nunca.

La controversia surge por razón de los privilegios e inmunidades que se les reconoce a los que vengan a Panamá cuando nuestro país los requiera. No es que la ACP, por sí y ante sí, haya decidido otorgarles inmunidad diplomática a los técnicos que vengan a asistirle. Lo que ocurre es que existe un canje de notas entre el Gobierno de Panamá y el de Estados Unidos, suscrito en diciembre del 2001, que establece esa posibilidad. En lo personal creo que a ninguno de los dos países les convenía utilizar ese método: el efecto vinculante del canje de notas no es comparable con el contenido de una ley, ni es recomendable que en aras de la rapidez o por temor a la polémica, se entra a la sala de los compromisos por la puerta de la cocina. Pero esa es la norma que rige, y por lo tanto lo que se impone no es cuestionar a la ACP sino analizar el fondo del acuerdo y, en todo caso, como discusión aparte, determinar si el Gobierno actuó bien o mal al canjear notas con el Estados Unidos en lugar de someterse al rigor de una aprobación legislativa.

Lo que pasa es que impera un clima de suspicacia, que hace que toda actuación del Gobierno se presuma turbia: corrupta si se trata de contrataciones, complaciente si se trata de acuerdos con Estados Unidos. Pero eso no puede obnubilarnos: a la hora de emitir juicios sobre decisiones y acuerdos con otros Estados, debemos hacerlo en base a sus méritos o perjuicios intrínsecos, colocando en la balanza los beneficios que el país recibe y aquello que concede a cambio. En ese sentido, por muy bien intencionadas y patrióticas que sean las críticas al acuerdo entre la Autoridad del Canal y el NRT de Estados Unidos, se pierde de vista que nosotros tenemos mucho que ganar a cambio de muy pocas concesiones.

El acuerdo, repito, funciona así: si ocurriera un accidente en el Canal que implique daños ecológicos que por su magnitud la ACP no pudiera manejar, ni hubiera en el país capacidad para hacerlo, especialistas de las agencias norteamericanas vendrían a Panamá a coadyuvar al esfuerzo de limpieza si se tratara, por ejemplo, de un derrame de petróleo en el lago Gatún. Desde luego la ACP pagaría por el servicio que se preste, pero sin el acuerdo firmado no podríamos siquiera solicitarlo. El punto en controversia es el compromiso de otorgarles a los que vengan un status migratorio privilegiado, algo que yo observo apenas natural, sobre todo si por la naturaleza de los trabajos que se van a realizar alguien quisiera endilgarles responsabilidades civiles. ¿Cuál es la otra opción? Sencillamente decirles que no vengan. ¿Y quién pierde si no tenemos a quién llamar en caso de una catástrofe ecológica en el Canal?

Derivar lesiones irreparables a la soberanía de la concesión de status migratorio privilegiado a especialistas –así sean militares– de distintas agencias de Estados Unidos me parece algo totalmente desproporcionado, y no logro entender cómo se puede concluir que constituye una presencia militar disfrazada. Es más: me resulta difícil creer que al frente de asuntos tan delicados existan mentes enfermas, capaces de concebir una idea tan perversa y una estrategia tan complicada, como sería la de propiciar por esa vía el regreso de las tropas estadounidenses a nuestro país (para que militares y civiles pudieran venir amparados por el acuerdo, primero habría que llamarlos, y antes de eso habría que producir la tragedia).

La pregunta que debemos hacernos, entonces, para poder valorar el acuerdo (y antes de apedrear la Embajada de Estados Unidos o de linchar al administrador del Canal) es si la inmunidad diplomática de la que llegarían a gozar las personas que viajaran a Panamá, en la eventualidad de un desastre, es tan contraria a los intereses nacionales como para no contar siquiera con la posibilidad de llamarlos cuando el desastre ocurra. Para mí la respuesta es obvia.

El autor es abogado

• Partida no es la hembra del partido: Guillermo Sánchez Borbón
• Reacciones desproporcionadas: Jorge E. Ritter
• Triunfo para Uribe, peligro para Panamá: Betty Brannan Jaén
• Hongo y bromuro pasó por aquí, bille que no lo vi : Pedro Acosta Isturaín