Equiparación pone a pelear al Gobierno
Mario Galindo negó haber
apoyado la resolución que favorece aPanamá Ports
Lorenzo Abrego
labrego@prensa.com La equiparación del
contrato a Panama Ports Company (PPC) con el de Colon Container Terminal no solo
genera rechazo sino contradicciones. El primer
vicepresidente de la República, Arturo Vallarino, dijo ayer que entre las personas
que habían dado su opinión económica y jurídica para la equiparación del contrato
a la PPC estaba el asesor presidencial Mario Galindo, cercano colaborador de la
presidenta Mireya Moscoso.
El primer vicepresidente añadió que se había hecho un estudio muy importante y
sesudo y que Mario Galindo había dado su opinión para el proceso de equiparación.
Ante estos señalamientos, Galindo reaccionó
inmediatamente, y durante una entrevista por TVN, desmintió a Vallarino y aclaró:
“no opiné jamás que se podía modificar el contrato de la PPC mediante una resolución
administrativa unilateral de parte del ministro de Comercio e Industrias”.
Antes de hacer esta aclaración Galindo manifestó
que no conocía las declaraciones del vicepresidente emitidas en un programa matutino
del Canal 4. Tanto Galindo como el vicepresidente
Vallarino y el ministro Joaquín Jácome son miembros del MOLIRENA, partido que
se encuentra en plena campaña política. Las
contradicciones entre los funcionarios se producen un día después de que la legisladora
Teresita de Arias, en conjunto con el perredista Denis Arce y Erick López, suplente
de Rubén Arosemena, presentara un anteproyecto para derogar la resolución del
MICI que equiparó el contrato y que representa que el Estado deje de percibir
más de 30 millones de dólares anualmente.
Arias manifestó que la presentación del anteproyecto es el primer paso, porque
inicialmente la oposición había advertido que interpondría una demanda contra
la resolución de Jácome. El legislador del
PRD, Carlos Titi Alvarado, no quiso comentar la equiparación porque desconoce
los detalles internos. Sin embargo, opinó que lo que requiere el país es una política
nacional para el manejo de los puertos y debe estudiarse detenidamente la situación
con la PPC. Alvarado comentó que si existe
una norma que permite la equiparación de los contratos de las empresas portuarias
y se aprueba una ley para derogarla se le puede hacer daño al país.
El oficialista Jorge Alberto Rosas manifestó que prefería
estudiar el anteproyecto para tener claro si la resolución puede derogarse con
otra ley o solo es posible actuar por la vía de lo Contencioso Administrativo
ante la Corte Suprema de Justicia.
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