Panamá, 1 de junio de 2002
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¿Hasta cuándo la mora judicial?

La indiferencia de todos frente a este mal generará el colapso de la administración de justicia, situación que jamás debemos permitir

Rafael Solano

La sociedad panameña reconoce que hay una excesiva demora en la tramitación de los procesos judiciales que se gestionan en los tribunales de justicia. Este problema que confronta la administración de justicia es de vieja data, sin que veamos una solución concreta que enfrente de una vez por todas este mal que se incrementa día a día, lo que perjudica a miles de panameños que acuden a los tribunales a reclamar sus derechos y a solicitar justicia. Estamos conscientes de que la mora judicial obedece a múltiples factores, pero los estamentos competentes de resolver la misma han sido incapaces de diseñar la estrategia necesaria para resolver este problema.

Resulta impostergable el accionar del Colegio Nacional de Abogados, para que este organismo abandere una campaña permanente con el fin de propiciar las alternativas pertinentes para solucionar este problema que hoy alcanza proporciones exorbitantes, y que ha generado la incredulidad de la población frente a las instancias encargadas de administrar justicia en nuestro medio.

Los profesionales del derecho debemos jugar un papel más activo en cuanto a este tema, presentando propuestas tales como que se dote al Organo Judicial de un presupuesto cónsono que permita la creación de más tribunales; se establezcan formas alternativas de solución de conflictos, como son la mediación, la conciliación antes de que se inicien los procesos, entre otras.

La indiferencia de todos frente a este mal generará el colapso de la administración de justicia, situación que jamás debemos permitir. Reiteramos el llamado al Colegio Nacional de Abogados para que dentro de su agenda de acciones incluya como prioritario el problema de la mora judicial, lo que impone la implementación de una campaña a nivel nacional, a fin de solucionar ese problema con el objetivo de que los panameños tengamos una justicia rápida y expedita, tal y como lo consagra nuestra Constitución Nacional.

El autor es abogado

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