Duhalde firma decreto que pone fin al “corralito”
Abrir el “corralito” es uno de los puntapiés para reactivar el consumo en un país cuya economía está en recesión desde hace casi cuatro años
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En Argentina continúan las masivas protestas contra el Fondo Monetario Internacional.
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BUENOS AIRES, Argentinas. (DPA) – El presidente argentino Eduardo Duhalde firmó anoche un decreto que pone fin al “corralito” que mantiene congelados los depósitos bancarios, el peor dolor de cabeza del gobierno y los ahorristas.
“Se analizó con legisladores el contenido del decreto de necesidad y urgencia que estipula una salida ordenada del corralito. El presidente firmó este decreto... y hoy sábado el ministro de Economía les va a dar a conocer los detalles técnicos”, dijo a la prensa el jefe de gabinete, Alfredo Atanasof.
Según el último borrador conocido, para flexibilizar el cuestionado “corralito” se emitirán tres bonos en función de la moneda en que fue hecho el depósito original y si se trata de plazos fijos o cuentas a la vista.
Los ahorristas tendrán 30 días para optar entre recibirlos a cambio de la totalidad o parte de sus depósitos o de mantenerse en el régimen actual, por el que deben someterse a su devolución en cuotas que pueden prolongarse hasta por 10 años.
“El decreto de necesidad y urgencia entra en vigencia inmediatamente luego de su publicación en el Boletín Oficial, que seguro será mañana”, dijo Atanasof.
De todas formas, el decreto deberá ser convalidado por el Congreso, que hasta ahora no le ha sido del todo fiel a Duhalde.
Previamente, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, el oficialista Rodolfo Frigeri, había anunciado después de recibir una amplia explicación del contenido de la medida que el Congreso la aprobará, aunque posiblemente “podría tener modificaciones”.
Frigeri indicó a la prensa que el gobierno ha procurado darle a los bonos por los que se canjearán los depósitos un buen grado de liquidez, de manera que sirvan para adquirir inmuebles y automóviles y para cubrir deudas bancarias.
Señaló que de esta forma es posible que el valor inicial de los bonos sea del 45% respecto del nominal, lo que supone una quita del 55%.
En criterio de Frigeri, los ahorristas hallarán más conveniente optar por alguno de los bonos que salir del “corralito”.
“Dentro de todo lo malo, lo mejor que puedo tener en mis manos son estos títulos, porque si mañana el banco donde tengo los depósitos cierra, el dinero no va a estar”, afirmó.
Se calcula que unos 12 mil 500 millones de dólares se encuentran atrapados en plazos fijos, en tanto que en las cuentas a la vista –cajas de ahorro y cuentas corrientes– habría unos 10 mil millones de dólares.
Desde que se impuso el “corralito”, los depósitos se han desmoronado ante la desconfianza de los ahorristas en el sistema financiero, en tanto que el crédito se encuentra suspendido y el peso se ha devaluado un 70%.
A ello se sumó la reciente suspensión de cuatro bancos debido a problemas de liquidez, lo que hace temer una caída masiva de entidades financieras.
La situación se ve agravada por la negativa de las casas matrices de la banca extranjera a garantizar los depósitos de sus filiales en Argentina y aportar fondos frescos para responder a sus compromisos.
Abrir el “corralito” es uno de los puntapiés para reactivar el consumo en un país cuya economía está en recesión desde hace casi cuatro años y que posee un índice de desempleo estimado en 24% y la mitad de sus 36 millones de habitantes viviendo en la pobreza.
Pero la salida no es sencilla. Muchos bancos no poseen la liquidez suficiente y el proyecto del gobierno de canjear los depósitos por bonos no ha tenido buena recepción entre los banqueros privados extranjeros, que se niegan a garantizar títulos emitidos por un país que se encuentra en cesación de pagos.
Mientras tanto, luego de que el Congreso argentino derogara una ley económica rechazada por el FMI, el gobierno espera que los distritos del interior del país que aún no lo han hecho firmen los acuerdos según los cuales reducirán sus déficits fiscales, para luego iniciar negociaciones con el organismo internacional.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) había exigido la derogación de la ley de emergencia económica -por considerar que aumenta la inseguridad jurídica- y que las provincias se comprometan a reducir sus déficits en un 60% en lo que resta del año como condición para el eventual otorgamiento de nuevos créditos que ayuden al gobierno a paliar la profunda crisis económica tras cuatro años de recesión.
Conseguida la anulación de la polémica norma económica, el Poder Ejecutivo busca ahora acelerar la firma de los acuerdos por parte de los gobernadores provinciales.
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