Panamá, 31 de mayo de 2002
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La DAC reincide en ocultar información

Rolando Rodríguez B.
rrodriguez@prensa.com

Obtener información de parte de las instituciones estatales panameñas sobre asuntos de interés público sigue siendo un serio problema, a pesar de la existencia de la llamada Ley de Transparencia, que les obliga a ello e incluso les da un plazo específico para responder.

El titular de la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC), Jorge Rodríguez, respondió a una petición hecha por el periodista Rodolfo Flores García, del diario guatemalteco Siglo XXI con varios días de retraso y además se negó a dar la información requerida, aduciendo razones no contempladas en el capítulo IV de la Ley 6, que trata sobre la “Información confidencial y de acceso restringido”.

El periodista solicitó información sobre las operaciones en Panamá de dos aeronaves —una de ellas el avión presidencial de Guatemala— que hicieron vuelos a este país desde enero del 2000 hasta la fecha.

Rodríguez, en su nota a Flores, dijo que “considerando el carácter oficial de dichas aeronaves, su solicitud debe ser dirigida y tratada por los conductos diplomáticos correspondientes”.

No es la primera vez que la Dirección de Aeronáutica Civil de Panamá niega información sobre esas aeronaves.

Hace casi dos meses, portavoces de la institución remitieron a La Prensa a la Cancillería para obtener esta misma información. Portavoces de ese ministerio, a su vez, dijeron no tener nada que ver en el asunto y que la información la tendría que dar la DAC. Pero hasta la fecha, ni uno ni otro la han proporcionado, pese a la vigencia de la ley.

La Prensa y Siglo XXI condujeron una investigación periodística en la que se revelaba la apertura de cuentas bancarias en Panamá en varios bancos locales y “off shore” de funcionarios, amigos y familiares cercanos al presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, y de su vicepresidente, Francisco Reyes.

Las investigaciones sugieren que las aeronaves en cuestión fueron utilizadas para viajar a Panamá, a fin de abrir las cuentas bancarias privadas de los funcionarios y para gestionar asuntos concernientes a su manejo.


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