La ola de violencia
Como dice un antiguo
refrán: “si no hay una cabeza pensante, no puede haber un cuerpo
ejecutante”
 José
Otero
jotero@prensa.com
La espiral de violencia cada día va en aumento
en Panamá y al parecer las instituciones encargadas de enfrentar
el crimen organizado no han logrado conformar una estrategia que
pueda frenar esta ola delincuencial y devolverle la tranquilidad
a la ciudadanía.
En los últimos días la ciudad capital parece
haberse convertido en el Chicago de los años 30 cuando imperaba
la fuerza de los gángster y las autoridades policiales.
Los asesinatos a plena luz del día, el tráfico
de armas, de personas y de droga, los robos a mano armada, los secuestros,
los hurtos de autos y los actos de corrupción estatal, son los principales
encabezados de todos los diarios en Panamá en los últimos meses.
Esta creciente ola de violencia no solo ha
cobrado víctimas en las calles o zonas calificadas como ‘rojas’
o ‘peligrosas’, sino que incluso se ha reflejado dentro de colegios,
en autobuses de pasajeros, en los predios de la Universidad de Panamá
e inclusive dentro de templos católicos, como sucedió recientemente
en el asesinato de monseñor Jorge Altafulla.
Las estadísticas de crímenes o muertes violentas
son alarmantes. En Panamá se registra por año un promedio de 300
asesinatos, 400 muertes por accidentes de tránsito, 800 robos o
hurtos de autos, 2 mil asaltos a mano armada a personas en las calles
o dentro de residencias, 500 procesados por tráfico de drogas, entre
los delitos más comunes.
La Policía Técnica Judicial (PTJ), según
se ha conocido, cuenta con menos de 20 detectives –que trabajan
en parejas– encargados de investigar los homicidios.
La mayoría de la flota vehicular de la PTJ,
gran parte de los autos de la Policía Nacional y casi la totalidad
de los helicópteros del Servicio Aéreo Nacional (SAN) están parados
o en tierra por reparación o fuera de servicio por falta de repuestos,
lo que es otro de los impedimentos para enfrentar la delincuencia.
Pero tal vez el principal problema que tienen
las instituciones de investigación y las encargadas de velar por
la seguridad de la ciudadanía, es que sus jefes o directores son
más “políticos” que verdaderos profesionales en sus respectivos
campos.
Como dice un antiguo refrán: “si no hay una
cabeza pensante, no puede haber un cuerpo ejecutante”.
Entre los actuales encargados de los estamentos
de seguridad nacional, solo Ramiro Jarvis, jefe del Consejo de Seguridad
Nacional, es una persona con un verdadero entrenamiento y capacitación
sobre investigación criminal.
Mientras los jefes de las instituciones de
la seguridad pública sigan siendo designados por nexos políticos
de los gobernantes, la guerra contra el crimen no tendrá resultados
positivos y la ciudadanía continuará indefensa ante este flagelo.
El autor es periodista
Además en opinión
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