Vallarino considera como inconsulta la equiparación
PPC debe demostrar
cómo aportará a la economía 8 mil 500 millones de dólares
WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com
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| PPC mueve anualmente
450 mil contenedores, pero con la ampliación espera mover un millón de contenedores
al año. |
Más consulta. Ese parece ser el elemento que, a juicio
del empresario y ex candidato presidencial Alberto Vallarino le hizo falta al
Gobierno en el manejo del tema de Panama Ports Company (PPC). Esta consulta para
equiparar el contrato de PPC con los contratos de Colon Container Terminal (CCT)
y Manzanillo International Terminal (MIT), que operan puertos en el Atlántico,
debió extenderse a diferentes sectores del país, opinó Vallarino.
Hace dos semanas, una resolución ministerial firmada por
el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, derogó las cláusulas 2.3.1
y 2.3.2 del contrato ley de PPC, con lo cual se exime a la empresa del pago de
la anualidad fija de 22.2 millones de dólares y la anualidad variable del 10%
de los ingresos que, calculados a 45 años de duración del contrato, representan
unos mil 200 millones de dólares. En entrevista
con La Prensa, sostuvo que una consulta amplia hubiera permitido un consenso como
ocurrió con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo. “Se hubieran beneficiado de
nuevas ideas, de nuevas propuestas, de mejores argumentos para negociar”, afirmó.
“Consultar las decisiones importantes es
un sello de verdadera democracia. Una decisión que involucra que el Estado va
a dejar de percibir mil 200 millones de dólares a lo largo de la vida de un contrato
es, a mi juicio, una decisión importante”, dijo Vallarino.
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| Alberto Vallarino | Por
ejemplo, Vallarino consideró como interesante la propuesta del presidente de la
comisión legislativa de Comercio, Laurentino Cortizo, quien dijo que hubiese sido
preferible otorgar a la empresa “un crédito por inversión” de 200 millones de
dólares, antes que eliminar las cláusulas de anualidad fija y variable.
En coincidencia con varios juristas, Vallarino señaló
que un contrato ley que fue analizado, discutido y aprobado por la Asamblea Legislativa
y, además, refrendado por el contralor, “no debiera ser reformado –aunque sea
en su cláusula más insignificante– por el Consejo de Gabinete, por conducto de
un ministro de Estado, sin el conocimiento y la aprobación de la Asamblea y del
contralor”. El banquero puntualizó que no
se puede comparar la renuncia a un ingreso establecido e incluido en el presupuesto
con los supuestos beneficios que van a derivarse de esa inversión de 200 millones,
que ha anunciado la empresa. “¡Que lo demuestren!,
dice Vallarino al referirse a los aportes de esta inversión. “Para eso se hacen
estudios de factibilidad. Eso me parece muy bueno, pero hay que diferenciar entre
la economía panameña y la economía de la empresa. Hasta donde yo sé, esos estudios
no existen y si existen que los hagan públicos; que los sometan al examen de los
profesionales de la economía que trabajan en el gobierno”, recalcó.
En cuanto al contrato, Vallarino estableció claramente la
diferencia entre las condiciones de una empresa y otra. “No es igual arrancar
con un proyecto de cero que recibir instalaciones portuarias funcionando y generando
ganancias y con activos al momento de la privatización avaluados en más de 850
millones de dólares”, declaró. Los empresas CCT y MIT debieron hacer grandes inversiones
para poner a funcionar los puertos, añadió.
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