Panamá, 31 de mayo de 2002
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Vallarino considera como inconsulta la equiparación

PPC debe demostrar cómo aportará a la economía 8 mil 500 millones de dólares

WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com

PPC mueve anualmente 450 mil contenedores, pero con la ampliación espera mover un millón de contenedores al año.

Más consulta. Ese parece ser el elemento que, a juicio del empresario y ex candidato presidencial Alberto Vallarino le hizo falta al Gobierno en el manejo del tema de Panama Ports Company (PPC). Esta consulta para equiparar el contrato de PPC con los contratos de Colon Container Terminal (CCT) y Manzanillo International Terminal (MIT), que operan puertos en el Atlántico, debió extenderse a diferentes sectores del país, opinó Vallarino.

Hace dos semanas, una resolución ministerial firmada por el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, derogó las cláusulas 2.3.1 y 2.3.2 del contrato ley de PPC, con lo cual se exime a la empresa del pago de la anualidad fija de 22.2 millones de dólares y la anualidad variable del 10% de los ingresos que, calculados a 45 años de duración del contrato, representan unos mil 200 millones de dólares.

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En entrevista con La Prensa, sostuvo que una consulta amplia hubiera permitido un consenso como ocurrió con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo. “Se hubieran beneficiado de nuevas ideas, de nuevas propuestas, de mejores argumentos para negociar”, afirmó.

“Consultar las decisiones importantes es un sello de verdadera democracia. Una decisión que involucra que el Estado va a dejar de percibir mil 200 millones de dólares a lo largo de la vida de un contrato es, a mi juicio, una decisión importante”, dijo Vallarino.

Alberto Vallarino

Por ejemplo, Vallarino consideró como interesante la propuesta del presidente de la comisión legislativa de Comercio, Laurentino Cortizo, quien dijo que hubiese sido preferible otorgar a la empresa “un crédito por inversión” de 200 millones de dólares, antes que eliminar las cláusulas de anualidad fija y variable.

En coincidencia con varios juristas, Vallarino señaló que un contrato ley que fue analizado, discutido y aprobado por la Asamblea Legislativa y, además, refrendado por el contralor, “no debiera ser reformado –aunque sea en su cláusula más insignificante– por el Consejo de Gabinete, por conducto de un ministro de Estado, sin el conocimiento y la aprobación de la Asamblea y del contralor”.

El banquero puntualizó que no se puede comparar la renuncia a un ingreso establecido e incluido en el presupuesto con los supuestos beneficios que van a derivarse de esa inversión de 200 millones, que ha anunciado la empresa.

“¡Que lo demuestren!, dice Vallarino al referirse a los aportes de esta inversión. “Para eso se hacen estudios de factibilidad. Eso me parece muy bueno, pero hay que diferenciar entre la economía panameña y la economía de la empresa. Hasta donde yo sé, esos estudios no existen y si existen que los hagan públicos; que los sometan al examen de los profesionales de la economía que trabajan en el gobierno”, recalcó.

En cuanto al contrato, Vallarino estableció claramente la diferencia entre las condiciones de una empresa y otra. “No es igual arrancar con un proyecto de cero que recibir instalaciones portuarias funcionando y generando ganancias y con activos al momento de la privatización avaluados en más de 850 millones de dólares”, declaró. Los empresas CCT y MIT debieron hacer grandes inversiones para poner a funcionar los puertos, añadió.


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