Achacan 240 homicidios a policía y muchos a violencia carcelaria

Londres, 28 de Mayo (EFE) — Al menos 240 personas murieron a manos de la policía venezolana el año pasado en circunstancias que hacen pensar en ejecuciones extrajudiciales o uso de una fuerza excesiva, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) divulgado hoy.

En Venezuela, añade AI, continuaron las denuncias de torturas y malos tratos, se informó de cinco nuevos casos de "desaparición" y la violencia entre reclusos siguió cobrándose muchas vidas en prisiones bajo condiciones inhumanas y extremadamente duras.
También destaca el documento de la organización no gubernamental que en 2001 hubo amenazas contra la libertad de expresión.
AI señala que la inquietud y el debate originados por el incremento de los delitos violentos motivaron peticiones de círculos oficiales para que se declarara el estado de emergencia.

Tal situación, agrega, fue atribuida por las organizaciones de derechos humanos a la inacción del Gobierno ante las violaciones de los mismos, la impunidad y la corrupción generalizadas, así como a los problemas sociales y económicos arraigados en el país
El informe explica que existían graves deficiencias institucionales en estructuras encargadas de proteger los derechos humanos, como el sistema judicial, donde seguía sin sustituirse a numerosos jueces que habían sido destituidos.

Recuerda, asimismo, que en diciembre se convocó una jornada de huelga nacional en respuesta a una serie de controvertidas medidas económicas aprobadas por decreto presidencial el mes anterior.
Amnistía Internacional denuncia que en varios estados venezolanos aumentó considerablemente el número de muertes que hacían pensar en ejecuciones extrajudiciales o en uso de una fuerza excesiva.

A este respecto, precisa que en septiembre la Fiscalía General envió a la Guardia Nacional para intervenir las comisarías del estado de Portuguesa tras recibir denuncias de que un "grupo de exterminio" estaba operando dentro de la policía estatal.
Entre septiembre de 2000 y mayo de 2001 se habían abierto investigaciones sobre la muerte de cien personas a las que, según las informaciones disponibles, había matado la policía, y al acabar el año varios agentes estaban siendo investigados.
En octubre, el fiscal general anunció el nombramiento de un fiscal nacional para examinar las denuncias de homicidios atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad en ocho estados y el Defensor del Pueblo elaboró un informe preliminar sobre 239 casos.

Según el Defensor del Pueblo, las operaciones policiales investigadas parecían ceñirse generalmente a una modalidad similar, con simulaciones de enfrentamientos armados, redadas ilegales y amenazas de muerte contra testigos y familiares.
En las cárceles venezolanas decenas de presos murieron durante 2001, la mayoría como consecuencia de actos de violencia entre reclusos, si bien su número descendió respecto a años anteriores.

En junio, los presos de la cárcel de "El Rodeo" y sus familiares organizaron una protesta en la que exigían, entre otras cosas, que se investigaran los malos tratos infligidos por guardias de la prisión, tras lo que el gobierno reconoció la crisis del sistema penitenciario y, en agosto, anunció un programa de reforma urgente.

Según AI, los colombianos que huían de la violencia política en su país siguieron encontrando dificultades en Venezuela, pese a que en agosto se aprobó una ley sobre refugiados y solicitantes de asilo y la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (ACNUR) abrió una oficina en San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia.