Amnistía preocupada por la impunidad en el caso de los jesuitas

Londres, 28 de Mayo (EFE) — Amnistía Internacional (AI) mostró hoy su preocupación por la impunidad en la que se mantuvieron en 2001 los autores de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en El Salvador, en concreto los acusados de ordenar la muerte en 1989 de seis jesuitas y dos mujeres.

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, AI dice que rechazó la prescripción del delito decidida por la justicia salvadoreña en enero de 2001 por considerar que ese tipo de violaciones cometidas entre 1980 y 1991 eran crímenes contra la humanidad que, según el derecho internacional, no prescriben.
Añade que en noviembre pasado varias organizaciones no gubernamentales iniciaron un proceso para que ese caso y el del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980, fueran examinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La organización internacional, con sede en Londres, señaló, además, que el año pasado se hizo un nuevo intento en El Salvador de reinstaurar la pena de muerte, abolida en 1983 salvo para algunos delitos previstos en la legislación militar.
Ese intento, admite AI, partió de la "profunda preocupación popular" por el aumento de la delincuencia, como los secuestros para exigir rescates, en los que murieron varias personas, niños incluidos.

El Parlamento salvadoreño, sin embargo, aprobó un aumento de 35 a 75 años de cárcel en la duración máxima de las condenas por asesinato, secuestro y violación, añade la organización humanitaria.
AI destaca que durante 2001 los "problemas organizativos" del poder judicial "debilitaron la confianza" de la población salvadoreña.
Menciona que la Fiscalía General de la República descubrió irregularidades en los títulos de decenas de profesionales del sistema judicial, y que, además, hubo denuncias de corrupción contra algunos funcionarios.

Amnistía resalta la mejora de la actuación de la Policía Nacional Civil, la resolución de más crímenes y que hubo menos quejas contra los agentes, aunque agrega que algunos informes implicaron a miembros de ese cuerpo de seguridad en violaciones de derechos humanos y en actividades delictivas, entre ellas secuestros.