Promesas de presidente Fox no se han traducido en mejoras

Londres, 28 de Mayo (EFE) — La promesa de acabar con la impunidad que asumió Vicente Fox al acceder a la presidencia de México no se ha traducido en el año 2001 en mejoras efectivas para la protección de los derechos humanos, según el informe de Amnistía Internacional (AI).
Siguen recibiéndose informes generalizados sobre violaciones de estos derechos, destaca el documento, que menciona el asesinato de Digna Ochoa, abogada de derechos humanos, y amenazas de muerte a otras personas de organizaciones similares.

Con base en el nombramiento de un general como procurador general de México y en la mayor presencia de militares en ese organismo, AI pone en duda las propuestas preelectorales de Fox para reformar la administración de justicia y hacer frente al problema de la impunidad.
Como muestra, el informe señala que los tribunales todavía no han concedido la extradición a España de un argentino acusado de crímenes contra la humanidad, aprobada por el Gobierno en febrero.

Respecto a Chiapas, donde Fox retiró las tropas de la zona y puso en libertad a gran número de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), AI recuerda que el Congreso aprobó después un proyecto de ley sobre derechos de los indígenas que no respeta lo que habían acordado.
Insiste en que las comunidades indígenas continuaron sufriendo actos de intimidación y agresiones de grupos paramilitares o "grupos civiles armados".
Las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos siguieron constituyendo una práctica habitual de los cuerpos de policía federal, estatal y municipal y del ejército en tareas policiales, según AI.

También continuó la aceptación por los tribunales de pruebas obtenidas bajo torturas y hubo informes de reclusión con trato cruel, inhumano o degradante.
A la policía federal y estatal la responsabiliza AI de la "desaparición" de al menos tres hombres en operaciones policiales, y de ejecuciones extrajudiciales en varios estados.
El documento menciona la liberación de dos activistas campesinos presos de conciencia, sin que las autoridades reconocieran su inocencia, y la permanencia en la cárcel del también preso de conciencia general José Francisco Gallardo.

AI acusa también al presidente Fox de no haber cumplido su promesa de crear una Comisión de la Verdad para aclarar la matanza de 1968 en la plaza de Tlateloclo y otros casos no resueltos de violaciones en décadas anteriores.
Las operaciones antinarcóticos organizadas por el ejército figuran, asimismo, como fuentes de denuncias de violaciones de esos derechos fundamentales, sin que las autoridades hayan investigado la mayor parte de esos crímenes.

El informe resalta la ratificación de varios instrumentos legales internacionales de derechos humanos, aunque sigue pendiente la de creación de la Corte Penal Internacional.