La población desconfía de la policía y del poder judicial

Londres, 28 de Mayo (EFE) — La desconfianza de la población de Honduras en la policía y en el poder judicial es reflejo de la falta de respeto a los derechos humanos de ambas instituciones, según el informe hecho público hoy por Amnistía Internacional (AI).

La muerte de Carlos Roberto Flores, líder comunitario y ecologista que se oponía a la construcción de una presa hidráulica, el 30 de junio de 2000, por disparos de unos guardias de seguridad frente a su casa en El Ococal, Gualaco, desencadenó varios hechos que demostraron la impunidad de la policía y la falta de eficacia del poder judicial.
Los cinco agentes contra los que se presentaron cargos no habían sido detenidos a final de año, y muchas otras personas, incluido el alcalde de Gualaco, sufrieron intimidación y amenazas, o fueron asesinados.

La manifestación que tuvo lugar en el mes de julio, como protesta por la muerte de Flores y la falta de protección de la población local, fue disuelta con gases lacrimógenos, chorros de agua a presión y porras.
Peter Marchetti, jesuita estadounidense, fue amenazado por hombres armados en su iglesia. El sacerdote, que trabajaba en favor del Movimiento Campesino del Aguán, se vio obligado a abandonar el país.

En las calles, donde crece la delincuencia, se detectan operaciones de "limpieza social" contra los grupos de jóvenes delincuentes, los "maras", al parecer llevadas a cabo por individuos amparados por la policía.
El sistema judicial está marcado por dejar en suspenso los procedimientos judiciales relativos a casos de "desaparición" en la década de los ochenta.
En abril de 2001, AI pidió a las autoridades que aprovecharan el regreso al país de José Barreras, ex miembro de las Fuerzas Armadas, para abrir una investigación sobre "desaparecidos".

Barreras, que había hecho una declaración de denuncia contra miembros de las Fuerzas Armadas en 1987, se retractó de la declaración, en la que daba fechas y nombres de "desaparecidos", y el fiscal especial de Derechos Humanos de la Fiscalía General presentó cargos contra él por "delito de falso testimonio".

La situación de los presos, según los informes recabados por AI, es un constante atentado contra los derechos humanos, con grave hacinamiento, insalubridad y un trato cruel, inhumano o degradante.