Guatemala mostró desinterés en aplicar acuerdos de paz

Londres, 28 de Mayo (EFE) — El incumplimiento de la promesa de aplicar los acuerdos de paz de 1996 hecha por el presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, al tomar posesión en enero de 2000, es destacado hoy por el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
El gobernante prometió entonces también desmantelar la estructura "paralela" de poder que obstaculizaba la protección de los derechos humanos, el procesamiento de los responsables de abusos y abolir el tristemente célebre Estado Mayor Presidencial.

Según AI, los incumplimientos de esas promesas parecían reflejar la pérdida de poder de Portillo dentro de su propio partido, frente al avance del general retirado Efraín Ríos Montt, presidente del Congreso y ex jefe del Estado de facto.
El informe recuerda que a comienzos de la década de 1980 Ríos Montt dirigió campañas de contrainsurgencia en las que decenas de miles de indígenas no combatientes -hombres, mujeres y niños- fueron masacrados, a menudo tras sufrir violaciones y otras torturas.

Indica que Ríos Montt y otros militares siguieron manteniendo una estructura de poder paralela, obstaculizando los esfuerzos para procesar a los autores de violaciones de derechos humanos y garantizando puestos de influencia a ex oficiales del Ejército con dudosos historiales en esta materia.
Amnistía dice que cayeron prácticamente en el olvido las recomendaciones de la Iglesia católica guatemalteca y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico promovida por la ONU para abordar los abusos masivos perpetrados durante la guerra civil (1960-1996) por el Ejército, las patrullas civiles y los comisionados militares.

No obstante, constata que en junio de 2001 tres oficiales de las fuerzas armadas recibieron largas penas de prisión -que apelaron inmediatamente- por el asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998, tras una prolongada presión internacional.
AI denuncia que los intentos para que se hiciera justicia en este caso tuvieron un alto precio: el homicidio de tres testigos y de otros seis potenciales, además de amenazas y acoso contra decenas de personas, entre ellas empleados de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, abogados, fiscales y jueces.

Agrega que la corrupción generalizada agudizó la falta de confianza de los guatemaltecos en el sistema judicial, que, a su vez, contribuyó a que aumentara el número de linchamientos.
En este sentido, la Misión de Verificación de la ONU para Guatemala informó de que entre 1996 y mediados de 2001 se habían cometido 347 linchamientos, y que nadie había sido procesado en más del 97 por ciento de los casos, muchos obra de ciudadanos que se habían tomado la justicia por su mano contra supuestos malhechores.
El juez Alvaro Hugo Martínez fue linchado en Alta Verapaz, según los informes recabados por AI a causa de sus investigaciones sobre la corrupción local y sus medidas contra las redes de ladrones de automóviles a las órdenes de poderosos personajes.